El Gobierno Regional Metropolitano logró un fallo favorable en la Corte de Apelaciones en su disputa con la aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) por el pago de $1.000 millones ligados a un convenio fallido con la fundación ProCultura. La resolución confirma la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y abre la vía para que la aseguradora acuda a la Corte Suprema.
El dinero reclamado corresponde a cinco pólizas de garantía suscritas tras la firma de un convenio con la Fundación ProCultura, que ejecutaba el programa de prevención del suicidio “Quédate” por $1.683 millones. El Gobierno Regional puso término anticipado al contrato y exigió el pago de las garantías por $1.000 millones.
Aspor no efectuó el pago dentro del plazo de 30 días y alegó que faltaban antecedentes para proceder. Frente a esa postura, la CMF intervino en el expediente y, según el organismo, “Aspor contravino un artículo del Código de Comercio” al oponer excepciones, solicitar información adicional y diferir unilateralmente el plazo de pago.
La Corte de Apelaciones rechazó el argumento de la aseguradora sobre la supuesta incompetencia de la CMF para conocer la materia. Con ese pronunciamiento, la única instancia que queda disponible para Aspor es presentar un recurso ante la Corte Suprema.
El intendente regional Claudio Orrego celebró el fallo y afirmó a La Tercera: “Tal como dijimos desde el primer día, vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio Quédate. Hoy la justicia nos da la razón. La aseguradora Aspor intentó dilatar y esquivar su única obligación, pagar una póliza válida y exigible”.
El fallo representa, según el Gobierno Regional, un avance en la recuperación de fondos públicos vinculados a políticas de prevención social y confirma el papel fiscalizador de la CMF en controversias entre entidades aseguradoras y organismos públicos.
