La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la demanda de indemnización presentada por el exministro Giorgio Jackson contra 23 diputados de la UDI, que lo vinculaban con el caso Convenios y el robo de equipos desde el Ministerio de Desarrollo Social. La resolución fue pronunciada el 8 de septiembre de 2025 y cierra la vía civil planteada por el exsecretario de Estado.
En su fallo, el tribunal indicó que decidió rechazar “en todas sus partes, la demanda de indemnización de perjuicios de Folio 1, interpuesta por el abogado Miguel Schürmann Opazo, en representación de don Kenneth Giorgio Jackson Drago, ex Ministro de Estado, deducida en contra de veintitrés parlamentarios en ejercicio, todos ya individualizados en lo expositivo de esta sentencia”.
La Corte añadió que “no se condena en costas a la parte demandante, atento lo expresado en el motivo décimo noveno de este fallo”. Sobre la prueba, el tribunal sostuvo que “la prueba rendida sobre la existencia del daño ha consistido en los dichos de los testigos presentados por la parte demandante, los cuales no han dado cuenta del referido daño”.
En el mismo fallo la Corte evaluó el impacto político en encuestas y sostuvo que “lo cierto es que en el contexto histórico se explica cualquier baja en sus porcentajes por la asociación de su figura al caso Convenios; sin perjuicio, las alzas y bajas en las encuestas constituyen circunstancias consustanciales a la política”.
Los diputados demandados habían remitido anteriormente una carta al Presidente Gabriel Boric en la que acusaron que Jackson habría “orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas”, señalamiento que motivó la acción judicial del exministro.
Paralelamente, en el ámbito del Congreso la bancada UDI enfrentó sanciones internas: la Comisión de Ética decidió, a comienzos de abril de 2024, sancionar a la bancada con el 6% de su dieta, lo que equivalió en ese momento a cerca de $348.000, por la carta enviada a Jackson.
La resolución judicial del 8 de septiembre desestima la pretensión de indemnización civil de Jackson contra los parlamentarios, mientras que la sanción ética aplicada en el Congreso permanece como una consecuencia separada del episodio. El caso Convenios seguirá siendo parte del debate político y parlamentario en Chile, con implicancias para la reputación de actores y partidos.
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