La Corte Suprema rechazó el principal argumento del proyecto del diputado Johannes Kaiser que proponía que el Servicio Médico Legal (SML) identifique restos humanos sin una orden judicial, al enviar un informe a la Cámara de Diputados pedido por la comisión de Derechos Humanos.
El máximo tribunal remitió el documento a la Cámara de Diputados en respuesta a la solicitud de la comisión, que pidió pronunciarse sobre la iniciativa presentada por el diputado Kaiser, la cual fue enviada a la Corte el 3 de noviembre.
El proyecto busca que el SML realice identificaciones de restos humanos sin requerir una orden judicial previa. En el informe la Corte Suprema señala que “los restos humanos que se allegan al SML lo hacen bajo el supuesto que ha precedido una orden judicial o una solicitud del Ministerio Público”.
El escrito agrega que “todo ingreso de restos al servicio se realiza bajo instrucción previa del Ministerio Público o de un juez” y que la custodia de esos restos “debería estar sujeta al cumplimiento de la orden que ha motivado su intervención”.
Sobre la competencia para pronunciarse, la Corte sostuvo que “la materia consultada no corresponde a aquellas dispuestas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República”, por lo que no le corresponde emitir una opinión jurídica definitiva sobre el proyecto.
En el informe, la Corte describe además la naturaleza del SML: “el Servicio Médico Legal es un servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia, funcional y territorialmente desconcentrado”. Añade que su función es “asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación, en todo el territorio nacional, en lo relativo a la medicina legal, ciencias forenses y demás materias” y que, en ese marco, “no es un auxiliar de la administración de justicia”.
Respecto a la prioridad de casos, el tribunal enfatiza que “son justamente las pericias que desarrolla el SML las que permitirán establecer la data de muerte y, a partir de ello, la identificación de una persona”.
El informe fue enviado a la Cámara de Diputados y quedará a disposición de la comisión de Derechos Humanos para su análisis en el marco del trámite legislativo correspondiente. La resolución de la Comisión y los pasos posteriores en el Congreso determinarán si el proyecto avanza o se archiva.
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