La Corte Suprema absolvió al juez Antonio Ulloa de una remoción por un empate interno, una decisión que reaviva el debate sobre la probidad judicial y llega con una acusación constitucional pendiente en el Senado. El fallo firmado el 4 de noviembre expone una marcada división entre ministros sobre la gravedad de las conductas atribuidas a Ulloa.
El pleno del máximo tribunal decidió no remover a Ulloa tras un empate de siete votos contra siete, según el fallo al que accedió Ex-Ante. La sentencia, de 22 páginas, fue redactada 36 días después de esa votación y firmada el 4 de noviembre, “seis días antes de que el Senado revise la acusación constitucional” aprobada por la Cámara, que obtuvo 141 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
El documento revela una “severa disparidad de criterios” entre los ministros en materia de probidad. Siete magistrados rechazaron la remoción y sostuvieron, entre otros argumentos, que “la destitución de un juez no puede obedecer a presiones mediáticas o de carácter político, pues se afectaría la inamovilidad y el Estado no estaría cumpliendo su obligación de garantizar la independencia judicial (…). La remoción debe ser ponderada en su mérito y en forma individual, resguardando siempre el principio de proporcionalidad”, según señalaron Manuel Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier y Diego Simpértigue.
Esos ministros añadieron que la supuesta intervención de Ulloa en nombramientos judiciales “no reviste por sí sola de la entidad suficiente para considerar que ha incurrido en un mal comportamiento” y que “es un actuar tolerado por el mundo político a lo largo de los años”, por lo que la medida extrema de remoción no sería proporcionada, considerando además la trayectoria de 35 años del persecutor.
En cambio, otros siete ministros sostuvieron que correspondía removerlo. El bloque a favor, integrado por el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos, María Soledad Melo, Mireya López y la suplente Eliana Quezada, afirmó que “Ulloa traspasó a Hermosilla el contenido de acuerdos antes de ser públicos, resultando particularmente grave la remisión de una planilla con la votación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago en el procedimiento de desafuero del gobernador Rodrigo Mundaca, antes de que la decisión fuese pública”.
Para este grupo, la conducta no fue “un caso aislado” y se repitió en otras decisiones y en la intervención en designaciones de jueces y fiscales a través del abogado Luis Hermosilla, por lo que “incurrió en mal comportamiento al haber transgredido los deberes propios de su cargo y los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia (…), afectando el recto sistema de administración de justicia”. Los ministros pro-remoción concluyeron que “la remoción constituye la única garantía de no repetición”.
Paralelamente, investigaciones periodísticas y judiciales complejizan el caso. Según T13 y Ciper, “Fiscalía indaga un audio sobre supuestas gestiones en la Suprema para salvar a Ulloa de su remoción”. En esa conversación, atribuida al conservador Sergio Yáber, se escucha: “Necesito que le peguemos una ayudaita a mi compadre Antonio Ulloa (…). Lo único que me interesa es que me amarrí a Prado”, frase que describiría una supuesta estrategia para conseguir apoyos entre los ministros. El magistrado Arturo Prado, quien cambió su postura durante el proceso, “ha negado haber recibido presiones para salvar a Ulloa”.
El fallo y las evidencias citadas ponen en evidencia tensiones sobre transparencia y nombramientos en el Poder Judicial y anticipan un debate más amplio en el Senado, que deberá revisar la acusación constitucional. La decisión del máximo tribunal y la investigación por los audios tendrán implicancias en la percepción pública sobre la independencia judicial y en los procesos de designación de jueces.
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