Tras reunirse con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, pidió eliminar la irrenunciabilidad de ciertos feriados, argumento que plantea un debate entre el Gobierno, el sector empresarial y las organizaciones sindicales sobre el impacto en el empleo y el comercio.
Jiménez afirmó que “nosotros abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados”, tanto respecto de los que ya existen “y que no se sumen otros nuevos”. Según la dirigente, la medida actual “genera una merma muy importante” en la actividad del comercio y en las remuneraciones de los colaboradores.
En la reunión, añadió que la irrenunciabilidad puede incentivar “que la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad” y defendió la necesidad de “mantener la libertad de emprendimiento”. Sobre la condición de los trabajadores, señaló que “los propios colaboradores muchas veces así lo requieren porque son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones”.
La propuesta de la CPC se produjo en el contexto de otras discusiones laborales en el país. En ese sentido, Jiménez comentó sobre la ley de 40 horas: “tenemos claro y así nos señaló el ministro que la ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso, pero evidentemente hay espacios de conversación para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresa”.
Respecto a la adaptación, la presidenta de la CPC añadió que “tenemos que pensar que hay empresas de menor tamaño para las cuales algún grado de flexibilidad en la implementación puede ser interesante”.
La postura empresarial fue criticada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su presidente, David Acuña, cuestionó: “¿Van a seguir planteando anuncios de quitar derechos? ¿En qué vamos a terminar?”.
Quedan abiertas las conversaciones entre el Ministerio del Trabajo, la CPC y los actores sindicales sobre cómo compatibilizar la protección de derechos laborales con la operativa del comercio, y si se considerarán cambios normativos o ajustes en la implementación. El debate tendrá impacto en trabajadores del comercio y en la planificación de empresas, especialmente pymes.
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