Una disputa entre jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se instaló con fuerza en la investigación denominada “muñeca bielorrusa” tras las autorizaciones de diligencias firmadas por el juez Daniel Urrutia y la decisión de su par Ponciano Salles de inhabilitarse por una presunta “manifiesta enemistad” y posible conflicto de interés. La controversia afecta el curso de las actuaciones de la Fiscalía y plantea dudas sobre la conducción del proceso judicial.
El conflicto entre Urrutia y Salles, según fuentes judiciales, arrastra años de enfrentamientos administrativos y penales al interior del mismo tribunal. En ese contexto, Urrutia resolvió varias diligencias vinculadas a la causa, entre ellas el allanamiento a la casa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y la incautación de dispositivos móviles.
Un informe del OS-7 de Carabineros consignó la orden de Urrutia para el primer allanamiento: “Autorización judicial emitida por don Daniel Urrutia Labreaux, Juez del 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 16.09.2024, para la revisión y extracción de la información contenida en los dispositivos móviles incautados”, recoge el documento.
La defensa de Vivanco solicitó la inhabilitación del magistrado, alegando enemistad manifiesta. Pese a ello, Urrutia continuó firmando diligencias para la investigación. El magistrado autorizó, el 17 de marzo, oficiar a la empresa de telecomunicaciones Entel para obtener los “tráficos telefónicos” de Harold Pizarro, quien es investigado por la Fiscalía en relación con la casa de cambios vinculada al caso. Asimismo, un oficio verbal del fiscal Marco Muñoz del 7 de octubre de 2025 quedó registrado por correo electrónico con la autorización verbal del juez: “El día de hoy 7 de octubre de 2025, siendo las 13:44 horas, se autorizó verbalmente la diligencia de entrada, registro e incautación de antecedentes de base para la investigación e información contable conducente al esclarecimiento de los hechos”, señala el mensaje citado en la causa.
En una entrevista publicada el 29 de noviembre, Urrutia expresó su opinión sobre Vivanco: “de la señora Vivanco nunca tuve una buena opinión, porque sabía que había sido secretaria de un partido político del ‘FraFra’, de Francisco Javier Errázuriz y del Partido Centro Centro. Luego fue profesora de la Católica y después fue al Tribunal Constitucional a oponerse a la píldora el día después”, declaró el juez, según la publicación.
La reacción de Ponciano Salles se materializó en dos resoluciones. En la primera, Salles se inhabilitó para conocer la causa, argumentando que la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) —que figura como querellante en la investigación— tiene entre sus cargos a Urrutia. En la segunda resolución, Salles afirmó: “Frente a quien ostenta la calidad de querellante según lo indicado en el motivo primero, mantengo conocida y manifiesta enemistad, tanto por circunstancias administrativas, como por el hecho de haber sido anteriormente denunciado ante el Ministerio Público por su intermedio en calidad de autor de un delito de prevaricación, en causa que fue sobreseída ante jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago”.
Desde el entorno del juez Urrutia, el abogado Carlos Quezada —querellante por la OTJ— refutó la lectura de Salles y sostuvo que “no tiene la calidad de querellante, y la querella de la OTJ fue ingresada después de sus actuaciones. Luego de este ingreso, él estampó su inhabilidad igualmente, pero no por la Organización, sino por que yo soy su abogado particular”, dijo Quezada.
La disputa no solo reavivó tensiones personales entre magistrados, sino que también puso sobre la mesa el posible conflicto de interés por la participación de una organización en la causa que, según Salles, Urrutia habría liderado como dirigente. La controversia se suma a la complejidad de la investigación penal que sigue a las diligencias sobre la casa de cambios y los tráficos telefónicos relacionados.
