La defensa del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, rechazó irregularidades tras la solicitud de desafuero presentada por el fiscal regional de Antofagasta en el marco del caso ProCultura. El abogado del gobernador afirmó que aún no han tenido acceso al escrito y que entregaron antecedentes a la fiscalía.
En un comunicado fechado el 4 de septiembre de 2025, el abogado Rodrigo de La Barra señaló que “como defensa no hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud”. La medida fue presentada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
Sobre las indagaciones relacionadas con ProCultura, la defensa afirmó que “el Gobernador declaró voluntariamente ante el Fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”.
El escrito de la defensa subraya además que “queremos reafirmar, con total claridad, que el gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”. Respecto a la solicitud formal de desafuero, la defensa indicó que “confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Una vez conocidos los detalles de la petición, podremos entregar mayores informaciones y comentarios”.
El caso ProCultura, según el expediente, apunta a que un exmilitante DC aprobó un convenio directo por más de 1.600 millones de pesos con la ONG vinculada a Alberto Larraín. La petición de desafuero busca avanzar en la investigación y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
La defensa espera revisar el contenido de la solicitud para entregar mayores precisiones y antecedentes. La evolución del proceso y las eventuales resoluciones tendrán impacto en la fiscalización del uso de recursos públicos y en la rendición de cuentas del Gobierno Regional Metropolitano.
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