Las declaraciones de la ministra de Defensa Adriana Delpiano (PPD) sobre la calificación como “terroristas” de grupos mapuche reabrieron el debate sobre seguridad en La Araucanía y generaron un nuevo flanco político para el Gobierno. Sus palabras entran en tensión con las querellas presentadas este año por el Ministerio de Seguridad y avivan la discusión entre oficialismo y oposición.
Consultada en el programa Tolerancia Cero de CNN, Delpiano afirmó que “yo no las catalogaría así por ningún motivo, como organizaciones” en referencia a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y a la Weichan Auka Mapu (WAM). Agregó que “ponerle el título de que toda la violencia que sucede es terrorismo, no, pero yo diría que sí ha habido terrorismo”.
La ministra también relacionó parte de la violencia con un contexto histórico: “Ellos tienen un tema histórico con el estado de Chile (…) Quién lo explica muy bien es (el senador DC Francisco) Huenchumilla, quien entiende mejor el tema por ser parte de esa etnia”, declaró Delpiano, según la transcripción difundida por medios.
Las declaraciones provocaron reacciones en la oposición y dentro del propio espectro oficialista. La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, calificó las palabras como “inaceptables” y escribió en X que “negarlo es una falta de respeto a las víctimas y a todos los chilenos que exigen seguridad”. Por su parte, la candidata del oficialismo Jeannette Jara (PC) evitó utilizar el término “terrorismo” para referirse a la violencia en la zona.
La postura de Delpiano contrasta además con las acciones judiciales del Ejecutivo. Este año el Ministerio de Seguridad, liderado por Luis Cordero, presentó dos querellas amparadas en la nueva ley antiterrorista —publicada en febrero como la ley 21.732— por atentados en el sur atribuidos a supuestos nexos con estos grupos. En abril se usó esa figura por el ataque a la central hidroeléctrica Rucalhue, donde, según la acción, una “cincuentena de máquinas” resultó quemada. El 27 de agosto, otra querella imputó un incendio con carácter terrorista por el ataque en Carahue en el que se quemaron seis máquinas forestales.
Breve contexto sobre la CAM y la WAM
La CAM, activa desde fines de los años 90, realizó su primer atentado documentado con la quema de camiones en Lumaco en 1997 y ataca mayoritariamente blancos forestales a través de sus denominados Órganos de Resistencia Territorial (ORT). Su líder, Héctor Llaitul, cumple una condena total de 23 años por diversos delitos, entre ellos infracción a la ley de Seguridad del Estado.
La WAM —una escisión de la CAM— ha sido vinculada por autoridades y querellas con homicidios. En 2024 el grupo publicó una declaración en la que admitía participación en homicidios, y ha sido implicado en investigaciones por la muerte del comunero Manuel Huenupil Antileo en mayo de 2022, aunque la organización ha negado su participación. Asimismo, la justicia relacionó a presuntos miembros de estas estructuras con el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Nain, caso en el que Luis Tranamil Nahuel fue condenado a 32 años.
Referencias previas y memoria de atentados
El debate sobre la tipificación de los hechos no es nuevo: en noviembre de 2022 el Presidente Gabriel Boric sostuvo que “en la región ha habido actos de carácter terrorista” tras el atentado incendiario al molino Grollmus, un ataque que dejó a una víctima con pérdida de una pierna y a otra con pérdida de visión en un ojo, y que fue reivindicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).
Qué sigue
Las discrepancias entre las declaraciones de la ministra Delpiano y las querellas presentadas por el Ministerio de Seguridad abren un nuevo capítulo en la discusión política sobre seguridad en La Araucanía. En lo inmediato, el tema promete continuar en la agenda pública y en los debates entre Gobierno y oposición, mientras las acciones judiciales siguen su curso y las víctimas esperan respuestas. Para más seguimiento de esta y otras noticias de política en Chile, síganos en portalnacional.cl.
