El Presidente Gabriel Boric fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por presunto incumplimiento de una sentencia en el caso “Vega González y Otros versus Chile”, según un requerimiento presentado por la abogada Karinna Fernández en representación de las víctimas.
La denuncia se originó luego de que familiares de las víctimas denunciaran que la Corte Suprema redujo penas en 14 casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. La Corte IDH había ordenado al Estado corregir esas penas y realizar una ceremonia pública de reconocimiento, con plazo máximo hasta septiembre de 2025, que a la fecha no se ha concretado.
En el documento presentado ante la Corte IDH, publicado por Radio Biobío, se señala: “Comunico formalmente la negativa de S.E. el Presidente de la República a participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ordenado en el Punto Resolutivo 13 de la Sentencia del caso Vega González y otros Vs. Chile”. El requerimiento acusa que esta negativa constituye un incumplimiento del fallo.
Según el mismo escrito, el Estado propuso que “el acto se desarrolle únicamente con autoridades ministeriales y en dependencias de la Cancillería, y reconoce expresamente que el plazo para dicho cumplimiento venció en septiembre de 2025”. Los representantes de las víctimas pidieron a la Corte que “declare el incumplimiento del Punto Resolutivo 13, toda vez que la propuesta estatal no satisface los criterios de solemnidad, jerarquía y oportunidad exigidos por la Sentencia”.
Fernández calificó la comunicación sobre la negativa presidencial como un acto grave por su cercanía al fin del mandato: “la negativa del mandatario, comunicada a escasos días del término de su mandato, constituye un incumplimiento flagrante de la modalidad y solemnidad requeridas para un caso de esta magnitud”, declaró la abogada. También manifestó su descontento por la agenda del Ejecutivo: “lamentamos ver cómo la agenda sí ha estado dedicada a recibir honores por parte de Carabineros, y también a otorgar honores a generales de las distintas Fuerzas Armadas y de Orden”.
La abogada agregó que esperaba prioridad en el cierre de estos procesos: “Cuando uno esperaría que los cierres de estos procesos efectivamente sean prioritarios respecto de sentencias que se dictaron en su gobierno y audiencias que tuvimos en contra también de este gobierno en sede internacional”.
El caso ahora queda en manos de la Corte IDH, que deberá revisar el requerimiento y decidir si declara el incumplimiento del Punto Resolutivo 13 de la sentencia. La resolución de la Corte tendrá implicancias para las víctimas y para la obligación del Estado chileno de cumplir sentencias internacionales sobre derechos humanos.
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