El fiscal regional de Antofagasta presentó este jueves 4 de septiembre de 2025 una solicitud de desafuero contra el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego en el marco del caso ProCultura, informó la fiscalía. La medida avanza en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y se suma a otras acciones judiciales y administrativas en su contra.
El requerimiento fue presentado por el fiscal regional Juan Castro Bekios en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, según consignó la Fiscalía.
La investigación se vincula a un convenio directo por más de $1.600 millones adjudicado por el Gobierno Regional a la ONG de Alberto Larraín, detalla la causa conocida como ProCultura.
Paralelamente, Orrego enfrenta un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que solicita su destitución del cargo, lo que convierte el caso en una ofensiva simultánea del Ministerio Público y en el ámbito administrativo-electoral.
La defensa del gobernador, a cargo del abogado Rodrigo de La Barra, emitió un comunicado en el que afirmó que “como defensa no hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud”.
Sobre la investigación, la defensa recalcó que “el Gobernador declaró voluntariamente ante el Fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”.
En la misma declaración, la defensa sostuvo que “queremos reafirmar, con total claridad, que el Gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”. Además, señaló que “confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Una vez conocidos los detalles de la petición, podremos entregar mayores informaciones y comentarios”.
El caso ProCultura y el desafuero impactan en la supervisión del uso de recursos públicos y en la situación legal del gobernador regional, cuya defensa espera acceder al expediente para formular observaciones. Queda pendiente la tramitación del pedido en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el avance del procedimiento ante el Tricel.
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