Este lunes por la noche fue recapturado Nicolás Andrés Piña Palomera, el ex interno de Santiago 1 condenado por el lanzamiento de una bomba incendiaria contra un furgón policial durante el estallido social, un hecho que reaviva el debate sobre indultos, prisión preventiva y la política de seguridad del Gobierno.
Carabineros informó que Piña Palomera, de 39 años, fue detenido en las inmediaciones de la avenida Santa Rosa en Santiago Centro cerca de las 21:30 horas y “no opuso resistencia”, según la institución. La orden de detención contra él estaba vigente desde el 19 de octubre de 2023, tras permanecer prófugo por más de dos años.
El 16 de diciembre de 2023, el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Piña Palomera a siete años de cárcel por homicidio frustrado de carabineros en ejercicio y a tres años por lanzamiento de artefacto incendiario; dicha resolución fue confirmada por la Corte Suprema. La sentencia señaló que “el día 12 de febrero de 2021 a las 20.00 horas, en calle Pío Nono con Dardignac, de la comuna de Recoleta, el furgón policial Z-7396 se encontraba detenido en la vía pública debido a que estaba siendo atacado por una gran cantidad de sujetos desconocidos que le lanzaban objetos contundentes, bombas incendiarias, piedras, palos y fuegos de artificio”.
Según la resolución, “Nicolás Andrés Piña Palomera era parte de este grupo de sujetos y, cubierto por una capa plástica hecha con bolsas de basura, una máscara antigases y antiparras, lanzó una bomba incendiaria comúnmente denominada molotov, hacia el interior del furgón policial, carro en cuyo interior se encontraban alrededor de diez funcionarios policiales”. El fallo agrega que “varios resultaron con lesiones leves, salvo el carabinero Marco González Muñoz, quien resultó con lesiones graves y el vehículo policial resultó íntegramente dañado por el fuego”.
Piña Palomera fue investigado y formalizado por homicidio en grado de frustrado en febrero de 2021 y enviado a prisión preventiva; el Ministerio del Interior se querelló en su contra. No obstante, el 17 de marzo de 2022 la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió, en fallo dividido, dejarlo en libertad provisional, decisión que contó con la oposición de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado. Ese cambio judicial se enmarcó en la política del nuevo gobierno de entonces, que anunció el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado y buscó “evitar el abuso de la prisión preventiva”, según fuentes vinculadas al Ejecutivo.
La recaptura también recordó la visita que realizó Gabriel Boric al penal Santiago 1 el 30 de julio de 2021, en la que, tras ser agredido en el patio, se reunió con Piña Palomera. Tras su salida del penal, Boric afirmó: “Seguiremos trabajando por verdad, justicia, reparación y la libertad de los presos de la revuelta” y añadió: “Yo estoy bien, pero los presos no”. Según una entrevista recogida por Izquierda Diario, Piña habría dicho a Boric: “¿De verdad crees que los chiquillos van a conversar contigo…, a ti te ven como la imagen representativa del pacto del 15 de noviembre”.
En lo personal, los registros indican que Piña Palomera no registraba antecedentes penales antes de su detención en 2021; es prevencionista de riesgos y había desempeñado labores en áreas de seguridad y salud ocupacional, con supuestos vínculos laborales hasta 2020 en Veolia Chile, según su perfil público.
La recaptura se produce en un contexto político sensible: la campaña presidencial de Boric por la liberación de presos del 18-O y, ya en La Moneda, las decisiones sobre indultos y perdones de pena que han generado críticas por parte de la oposición y expectativas sobre la seguridad ciudadana. Casos como el de indultados con antecedentes —mencionados públicamente en procesos previos— llevaron a tensiones políticas que siguen vigentes en el debate público.
Tras su detención, “no opuso resistencia”, informó Carabineros; resta ahora conocer las medidas que adoptarán las autoridades judiciales y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte respecto a la ejecución de la condena y los procedimientos pendientes. La recaptura tendrá seguimiento en las instancias judiciales pertinentes y puede reactivar discusiones en el Congreso y en la opinión pública sobre política penal y medidas cautelares.
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