Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto para derogar la figura de la “legítima defensa privilegiada” incluida en la Ley Naín‑Retamal, generando un nuevo debate en el Congreso sobre el uso de la fuerza y la protección de los derechos humanos. La iniciativa surge tras la absolución del teniente coronel (r) Claudio Crespo, caso que reavivó críticas a la normativa.
Los autores de la moción son los diputados Tomás Hirsch (AH), Ana María Gazmuri (AH), Carmen Hertz (PC), Maite Orsini (FA) y Matías Ramírez (PC), quienes explicaron en un punto de prensa los motivos de la iniciativa. Según los parlamentarios, la derogación busca revertir lo que consideran un “error jurídico” que afecta la garantía de derechos básicos.
Tomás Hirsch sostuvo que “estamos derogando algo que consideramos que ha sido un tremendo error jurídico que ha producido un daño incalculable en nuestro país al respeto, cuidado y protección de los Derechos Humanos”. El diputado agregó que la normativa vigente “entra en colisión directa con la jurisprudencia vinculante en la Corte Interamericana, que ha establecido que el uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad debe ser excepcional y estar rígidamente regulada”.
El proyecto se presenta en el contexto del fallo que absolvió a Claudio Crespo, pese a que se probara su responsabilidad en los impactos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social; el tribunal, según los promotores del proyecto, hizo mención a la legítima defensa privilegiada al dictar su resolución.
La Ley Naín‑Retamal, promulgada en abril de 2023 durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, fue impulsada por parlamentarios de la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano y, en su texto, tuvo como objetivo “fortalecer y proteger el ejercicio de la función de Carabineros y Gendarmería”, según los antecedentes citados por los diputados que la impulsaron originalmente. Ese respaldo legislativo se produjo pese al rechazo expresado por sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista.
Maite Orsini advirtió sobre las consecuencias para las víctimas: “es la víctima quien frente al uso indebido de la fuerza tiene que probar que la agresión no fue en legítima defensa”. La diputada planteó además que la norma contribuye a la “revictimización institucional”, cuando las pesquisas no permiten a las víctimas acceder a una investigación que proporcione justicia.
Ana María Gazmuri, por su parte, recordó que al tramitar la ley existía un contexto marcado por la muerte de tres carabineros y señaló que quienes votaron en contra “veíamos que teníamos razón, porque estamos viendo las consecuencias de ese populismo”.
Hirsch también lanzó un llamado al Ejecutivo: “Es el momento de corregir algo que claramente fue un error, que le produce daño a los Derechos Humanos de nuestro país”, y pidió que el Gobierno ponga urgencia a la discusión del proyecto.
La iniciativa, presentada por los diputados oficialistas, abre un debate legislativo sobre el estándar de uso de la fuerza estatal y la responsabilidad de los agentes públicos. Los promotores solicitaron avanzar con rapidez en su tramitación y señalaron que buscan evitar que se repitan situaciones como la analizada en el caso Crespo.
Los diputados pidieron al Gobierno que dé urgencia al trámite; la iniciativa deberá seguir su discusión en el ámbito parlamentario. Seguiremos la cobertura de este debate en portalnacional.cl.
