Diputados de la comisión de Cultura de la Cámara oficiaron al Ministerio de las Culturas para exigir aclaraciones sobre el financiamiento estatal del “Festival Cultural Desviaciones”, que calificaron de contenido pornográfico y potencialmente inapropiado para menores.
La acción fue anunciada el 7 de abril de 2026 por las diputadas y diputados Javiera Rodríguez (Partido Republicano) y Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario), quienes pidieron detallar el origen de los recursos, los mecanismos de asignación y la participación de organismos colaboradores en la actividad.
Según los parlamentarios, la programación del festival incluye actividades descritas en el afiche como práctica de “culos”, “orgánica feminazi”, “parlamento disidente”, “feria Marika” y el taller “Mi cuerpo, mi casa”. La diputada Javiera Rodríguez afirmó que “uno de los afiches de este festival habla de prácticas que no corresponden a lo que debiese financiar el Estado. Aquí no se trata de libertad de expresión, sino de dejar de financiar promiscuidad con recursos públicos”.
Por su parte, Cristóbal Urruticoechea vinculó el evento con decisiones del Gobierno anterior y dijo que “esto es parte de un legado que ha pretendido normalizar contenidos que afectan la sensibilidad de los chilenos a través del Ministerio de la Cultura y las Artes. Situación que aprovechó de instalar 5 días antes del fin de su mandato”. Urruticoechea añadió que “El Presidente Gabriel Boric se encargó de dejar un legado de pornografía constante que ha destruido o ha pretendido destruir la sensibilidad de los chilenos a través de distintas performance que tienen una relación directa con toda la lacra humana sexualizada, con la que se busca destruir lo más tácito y lo más importante de las personas, que es su libertad”.
En el oficio, los diputados solicitaron además información sobre si existen restricciones etarias para las actividades por su contenido y cómo se fiscalizó el cumplimiento de esas normas. Hasta ahora no hay registro público de una respuesta oficial del Ministerio de las Culturas.
La gestión parlamentaria abre un proceso de escrutinio sobre el uso de recursos públicos en actividades culturales y pone en el centro del debate la definición de límites entre libertad de expresión y responsabilidad estatal en la protección de audiencias. Los diputados esperan la respuesta del Ministerio para evaluar posibles medidas posteriores.
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