El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra tres funcionarios del Gobierno de Chile, señalando que sus acciones “comprometieron infraestructuras críticas” y socavaron la seguridad regional. La medida, difundida en una declaración oficial publicada en la web del Departamento, incluye la revocación de los visados de los afectados y de sus familiares directos.
En el comunicado, el gobierno estadounidense explicó que se trata de medidas para “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, según la declaración publicada por el Departamento de Estado.
La nota agrega que se impidió el ingreso de “estos individuos y sus familiares directos”, al tiempo que busca “proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”, consignó el organismo.
El texto del Departamento de Estado acusó además a los funcionarios de haber, “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
Si bien la administración del Presidente de EE.UU., Donald Trump, no identificó públicamente a los tres funcionarios sancionados, la declaración subrayó críticas también al Gobierno saliente chileno: el comunicado dijo que el legado del Presidente Gabriel Boric “se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado manifestó su disposición a avanzar “en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio” con la administración de José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia el 11 de marzo.
Las restricciones fueron informadas mediante un comunicado del Departamento de Estado publicado en su página web; hasta ahora no se han revelado los nombres de los tres funcionarios afectados. Las medidas implican la revocación de visados y quedan en el ámbito de la política exterior y de seguridad internacional, con posibles efectos en las relaciones bilaterales.
