El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, defendió este martes el proyecto de cable submarino que buscaba unir Valparaíso con Hong Kong y rechazó que la iniciativa suponga un riesgo para la seguridad regional, en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos por la materia.
La controversia se intensificó tras la cancelación de visas de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, medida que Washington atribuyó a riesgos sobre infraestructura crítica vinculada al proyecto estatal.
Consultado en Radio Bío Bío, el diplomático valoró la iniciativa y la vinculación con la economía digital: “La construcción de dicho cable significa una mejora y consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital”, dijo Niu Qingbao.
El embajador añadió que la obra “satisface las necesidades de ambas partes y también beneficia a ambas partes” y afirmó que las acciones de los funcionarios chilenos son “muy favorables tanto a los intereses de Chile, la amistad de China y Chile, sino también muy beneficioso para mantener el liderazgo de Chile en la economía digital y en la conectividad”.
Desde la Casa Blanca, la representación de Estados Unidos en Chile expresó que la protección de la infraestructura de telecomunicaciones es un interés de seguridad regional. El embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, señaló que “amenazas a la infraestructura crítica que arriesgan o que impiden la soberanía —especialmente la infraestructura de las telecomunicaciones— nos afectan a todos. Todos tenemos un interés propio en esta región, nuestra región compartida, y Estados Unidos siempre tomará las medidas necesarias para protegerla”.
Ante esos reparos, Niu Qingbao sostuvo que el proyecto cumplía con la normativa local y descartó impactos negativos sobre terceros: “Cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ningún daño a la tercera parte, así que no va a socavar la seguridad regional o de otros países”, enfatizó.
La polémica también activó el debate público sobre la administración y fiscalización de concesiones estratégicas, así como la coordinación entre el Gobierno y socios internacionales en proyectos de conectividad. En los hechos, la disputa derivó en sanciones migratorias contra tres funcionarios y tensión diplomática entre Santiago y Washington.
Queda pendiente la definición definitiva sobre el futuro del proyecto y las decisiones que adopte el Ejecutivo chileno tras las advertencias internacionales, así como cualquier medida legislativa o administrativa para regular iniciativas de infraestructura crítica.
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