El exdirector ejecutivo suplente del SLEP Atacama, Daslav Mihovilovic, solicitó el desafuero del expresidente Gabriel Boric ante la Corte de Apelaciones de Copiapó para que sea investigado por el delito de “injurias graves con publicidad”, en una causa que también incluye un recurso presentado ante la Corte Suprema. La petición complica el trámite por el fuero que el tribunal ya reconoció al exmandatario.
El conflicto se remonta al 29 de enero en Copiapó, cuando Gabriel Boric, aún en La Moneda, cuestionó públicamente a Mihovilovic en relación con la celebración del SLEP Atacama. “Qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada”, dijo Boric en esa oportunidad.
En el escrito presentado por el abogado Raimundo Palamara, se sostiene que los dichos del exmandatario afectaron “gravemente la dignidad, honra y reputación profesional” del exfuncionario y que las manifestaciones constituyeron una “descalificación personal y gratuita”. El documento también afirma que no hubo uso de recursos públicos en la actividad cuestionada, según un reporte de BioBioChile.
La acción de Mihovilovic ingresó a la Corte de Apelaciones de Copiapó, el mismo tribunal que resolvió la semana anterior que el expresidente cuenta con fuero, lo que impide continuar el proceso sin una autorización judicial previa. El tribunal ordenó notificar a Gabriel Boric; tras cumplirse el plazo legal de cinco días se deberá fijar una audiencia para revisar la solicitud de desafuero.
En paralelo, la defensa del querellante presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para impugnar la resolución de la Corte de Copiapó. El recurso afirma que la decisión suscrita por los ministros Pablo Krumm, Aída Osses y la abogada integrante Verónica Álvarez constituye una “falta o abuso grave” al otorgar un beneficio procesal que, a juicio del querellante, no procede.
Sobre la interpretación del fuero, el abogado Palamara afirmó que el mecanismo “es una excepción a la regla y su interpretación es restrictiva”, y argumentó que la querella fue presentada cuando Boric aún no había terminado su mandato, por lo que la protección no sería aplicable de forma retroactiva. El recurso también cuestiona la aplicación del principio in dubio pro reo por parte de la Corte de Copiapó.
El próximo paso procesal es la notificación formal a Gabriel Boric y, una vez vencido el plazo de cinco días, la fijación de una audiencia en la Corte de Apelaciones de Copiapó para decidir sobre el desafuero. En paralelo, la Corte Suprema deberá resolver el recurso de queja presentado por la defensa del exdirector del SLEP Atacama.
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