La senadora Fabiola Campillai responsabilizó al Gobierno por la absolución del excarabineros Claudio Crespo en la investigación por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica, decisión que reavivó el debate sobre la Ley Naín‑Retamal y la percepción de impunidad en Chile.
Campillai se refirió a la resolución a través de su cuenta en X, donde primero destacó a la víctima: “Sé que Gustavo tiene la fortaleza y la resiliencia de poder avanzar. Él es fuerte y valiente”, dijo la parlamentaria.
La senadora cuestionó luego el fallo y la normativa que, según ella, influyó en el veredicto: “Crespo disparó y dejó ciego a Gustavo, eso hoy es un hecho acreditado por el tribunal, pese a ser absuelto en gran medida por la Ley Naín‑Retamal”, añadió Campillai.
En su mensaje, la senadora atribuyó responsabilidad al Ejecutivo por la tramitación y promulgación de la ley: “Esta ley, apoyada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en tiempo récord, impidiendo interponer cualquier recurso que detener su avance, se ha transformado en una ley maldita, que solo genera impunidad. El Estado hoy no solo le ha fallado a Gustavo, sino que al país entero”, afirmó Fabiola Campillai.
“El gobierno, que llegó levantando las banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad que nos duele tanto”, cerró la senadora en su publicación.
Tras la audiencia en el Centro de Justicia, el propio Gustavo Gatica señaló su intención de agotar recursos: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el diputado electo al salir del tribunal, y no descartó acudir a instancias internacionales.
En paralelo, la Fiscalía, representada por el persecutor a cargo del caso, no descartó recurrir a la nulidad de la resolución, lo que mantiene abierta la vía penal interna para impugnar la absolución.
Próximos pasos incluyen la eventual presentación de un recurso de nulidad por parte del Ministerio Público y la posible búsqueda de instancias internacionales por parte de la víctima. La controversia también vuelve a poner en el centro del debate público a la Ley Naín‑Retamal y la responsabilidad del Gobierno en su aprobación.
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