Tras una serie de cambios ocurridos en festival, el Servicio Nacional del Consumidor fiscalizó a los organizadores para verificar que cumplan con la ley.
Luego de que la productora Bizarro informara sobre cambios de asiento en Viña 2023, y ante las quejas expresadas en redes sociales y por las autoridades, sumando la cancelación de algunos artistas, SERNAC realizó una serie de fiscalizaciones.
Primero, solicitó a Bizarro que explicara los motivos de los cambios de asiento y las soluciones que se entregarán a los consumidores afectados.
Se recomendó que se presenten los reclamos en www.sernac.cl, proporcionando los antecedentes correspondientes a los cambios de asiento y otros inconvenientes que se puedan tener.
Cabe destacar que el pasado 8 de febrero, el SERNAC había oficiado preventivamente a la productora Bizarro, encargada de la organización del Festival de Viña del Mar.
Así como a Puntoticket, que está a cargo de la venta de las entradas, solicitándoles una serie de antecedentes que dieran cuenta del cumplimiento de las condiciones ofrecidas a los espectadores, así como de las medidas preventivas y de seguridad que van a implementar para el normal desarrollo del evento.
El Servicio afirmó que seguirá supervisando el evento y que evaluará las acciones necesarias para garantizar los derechos de los consumidores.
Esta acción preventiva se enmarca en un proceso de fiscalización que se está desarrollando, con el objetivo de verificar que las empresas organizadoras de eventos masivos cumplan con las obligaciones que exige la Ley del Consumidor.
En este contexto, y ante la cancelación de algunos artistas como la banda Maná y el humorista Yerko Puchento, el SERNAC solicitó a Puntoticket información sobre la devolución del dinero para los espectadores que no quieran asistir al evento, debido a la cancelación de los mencionados artistas.
El organismo instó a las empresas organizadoras del Festival a tomar medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes y prevenir accidentes, como:
Señalizar las vías de acceso y salida, los servicios sanitarios, la presencia de guardias de seguridad y condiciones adecuadas para personas con discapacidades físicas o movilidad reducida.
Si se detecta algún incumplimiento, se levantarán actas para usarlas como prueba en caso de una posible acción judicial.
