La Fiscalía Regional de Coquimbo informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que no perseverará en la investigación sobre la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, citando falta de antecedentes para sostener imputaciones contra personas determinadas.
“Reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, a la fecha no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”, señaló la fiscalía, que agregó que la indagatoria puede reabrirse si aparecen nuevos antecedentes. La pesquisa comenzó “de oficio el 8 de enero” y se complementó al día siguiente con la denuncia del abogado Raimundo Palamara, ligado al partido Republicanos.
Durante la investigación, según la fiscalía, se tomó declaración a diez imputados —entre ellos la exsenadora Isabel Allende y el Presidente Gabriel Boric— y se recabaron 42 testimonios de funcionarios de Presidencia, del Ministerio de las Culturas, de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y de la Contraloría.
El origen del caso se remonta a la compra, en diciembre de 2024, de la residencia ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales por UF 24.291, equivalente a $933 millones. En ese momento la casa estaba a nombre de la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y de Isabel Allende.
El expediente también aludió a una anomalía constitucional. La operación fue cuestionada por la prohibición que impone la Constitución en su artículo 37 sobre la celebración de contratos con el Estado por parte de ministros, y el Tribunal Constitucional resolvió el 4 de abril cesar a Allende de su cargo como senadora por entender que la firma de la compraventa vulneró las prohibiciones para parlamentarios, aunque no constituyó en sí un delito penal.
En el marco de las pesquisas, la Policía de Investigaciones (PDI) interceptó el 7 de enero una conversación entre el exjefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y su madre, la exministra Claudia Serrano. Según reportes de La Tercera, Serrano cuestionó la gestión de la operación y Crispi respondió: “¿Ella (Isabel Allende) lo pidió?” y “O sea llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”. En esos antecedentes, el fiscal Patricio Cooper inició una indagatoria por presunto tráfico de influencias contra Allende.
El expediente contiene además comunicaciones en las que se advierten presiones hacia la Contraloría. En uno de los chats revisados, el colaborador de Allende escribió: “Es prioritario lo que habíamos conversado”, según consta en el caso.
Paralelamente, en marzo de 2024 el Servicio de Patrimonio Cultural encargó un proyecto que planteaba convertir la casa en un museo presidencial. El abogado José Cortés se reunió con Felipe Vio —yerno de Isabel Allende— y el arquitecto Genaro Cuadros, quienes presentaron un proyecto que proponía que, una vez adquirida por el Estado, la casa pasara en comodato a la Fundación Salvador Allende. La presidencia del directorio de esa fundación corresponde a Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende y pareja de Vio.
Testimonios y documentos del proceso indican que, tras advertir complejidades legales y políticas, la administración decidió que la compra la realizara el Ministerio de Bienes Nacionales en vez del Servicio de Patrimonio Cultural. En septiembre de 2024, la tasación del inmueble a cargo de Bienes Nacionales se incrementó según consta en el expediente, y la iniciativa de crear el museo finalmente se congeló por insuficiencia de fondos. La casa fue vendida sin sus muebles, y la familia había manifestado la intención de entregarlos en comodato.
Con la decisión de la fiscalía, la causa queda archivada pero mantiene la posibilidad de reabrirse ante la aparición de nuevos antecedentes. La resolución tendrá eco en la discusión sobre transparencia y probidad en el manejo de bienes patrimoniales del Estado y en el debate político en el Congreso y en la ciudadanía.
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