La Fiscalía Oriente presentó una orden de no perseverar en la investigación sobre el uso de recursos públicos en charlas de coaching vinculadas al gobernador metropolitano Claudio Orrego, en una causa que se abrió tras una auditoría de la Contraloría en 2025.
El Ministerio Público determinó que no existen antecedentes suficientes para imputar delitos en la pesquisa que indagaba si recursos destinados a otros fines se utilizaron en actividades con fines de campaña. Ahora espera que el tribunal fije una audiencia para que la Fiscalía exponga sus argumentos para cerrar el caso.
El gobernador Claudio Orrego afirmó sobre la decisión: “La decisión que acaba de tomar el Ministerio público confirma que la acusación que el Partido Republicano hizo para destituirme ante el TRICEL se funda en argumentos falsos. Estamos satisfechos con esta decisión y queremos destacar el trabajo de la Fiscalía Oriente, quien ante nuestra disposición de colaboración, actuó con diligencia y objetividad”.
La investigación se remonta a 2025, cuando la Contraloría derivó antecedentes de una auditoría que cuestionó el uso de recursos en servicios de coaching. Según el ente contralor, algunas charlas habrían sido dirigidas a la campaña del gobernador y financiadas con fondos para otros fines.
Los abogados del Gobierno Regional, José Pedro Silva y Miguel Schurmann, se manifestaron respecto al cierre del proceso: “Muy conformes con la decisión de la Fiscalía Regional Oriente, quienes después de una completa revisión de todos los equipos electrónicos, celulares y correos tanto del gobernador como de todo su equipo cercano, no encontraron antecedentes que dieran cuenta de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. Me gustaría destacar la investigación que condujo la Fiscalía Regional Oriente quienes realizaron una revisión en detalle de toda la evidencia y una vez analizados los antecedentes se decidió que no había mérito para seguir adelante con la investigación y así lo hizo presente al tribunal”.
El caso también tuvo repercusiones políticas por la denuncia del Partido Republicano ante el TRICEL, que motivó investigaciones internas y cuestionamientos públicos. Con la orden de no perseverar, la Fiscalía da un paso formal hacia el cierre del expediente, sujeto a la ratificación judicial en la audiencia solicitada.
