La defensa del gobernador Claudio Orrego logró trasladar a Santiago la arista del caso ProCultura, una decisión que la Fiscalía de Antofagasta cuestionó en la audiencia por las dudas sobre el fundamento del cambio de jurisdicción.
En la audiencia, el fiscal Eduardo Ríos manifestó su extrañeza por la preferencia del Séptimo Juzgado de Garantía. “No sé por qué será el Séptimo Juzgado de Garantía (…), pero hay un motivo”, dijo Ríos en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
El juez Hans Durán acogió los argumentos de la defensa, planteados por el abogado Ciro Colombara, y ordenó el traslado de la causa a ese tribunal de Santiago. En su resolución, Durán sostuvo que “la competencia natural para ejercer dicho control reside en el juez del territorio en que se hubiere dado comienzo a la ejecución del hecho investigado” y añadió que la investigación “fue el propio Ministerio Público, por intermedio del Fiscal Adjunto Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén, don Luis Ernesto González Aracena, quien, en ejercicio de la dirección de la acción penal pública, resolvió abrir la presente arista investigativa (…) con fecha 29 de mayo de 2024, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago”.
El tribunal también determinó que la Fiscalía pague las costas del incidente de incompetencia, una resolución que, según el fallo, el Ministerio Público buscará revertir.
El traslado y la resolución de Durán se enmarcan en antecedentes procesales previos. El 10 de junio de 2024 la jueza Pilar Ahumada, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó una solicitud de la Fiscalía para allanar el Gobierno Regional Metropolitano e incautar siete teléfonos, entre ellos los del gobernador. En esa resolución la jueza indicó: “No ha lugar por ahora, sin perjuicio de lo que se pueda resolver con la entrega de mayores antecedentes”. Ahumada agregó que la presentación fiscal “alude a la existencia de determinadas personas de ‘interés’ sin precisar antecedentes o fundamentos de imputación, ni en qué calidad se efectúan éstas” y que las diligencias requeridas no aportaban, en esa etapa, “antecedentes de suficiencia para estimar que existen fundadas sospechas de la comisión de delitos, su naturaleza y la participación que se atribuye”.
El caso ProCultura involucra la investigación por un presunto fraude al fisco en torno al traspaso, en 2022, de $1.690.388.000 desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura, en su mayoría destinados al programa para prevenir suicidios Quédate. La fundación, según los antecedentes que constan en la causa, carecía de experiencia en el área. Además, los traspasos ocurrieron luego de que el Consejo Regional aprobara la propuesta de Orrego de nombrar a su ahijado político y cofundador de ProCultura, Alberto Larraín, como director ad honorem de la Corporación de Desarrollo presidida por el gobernador.
Orrego ha declarado como imputado en la investigación y la fiscalía levantó su secreto bancario. Paralelamente, la autoridad enfrenta un proceso de remoción ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) a raíz de una solicitud de consejeros de oposición.
En la instrucción también figuran cambios en la fiscalía regional: la investigación tuvo pasos por la fiscalía de Aysén bajo la dirección del entonces fiscal regional Carlos Palma —luego suspendido en el marco del Caso Audios—, y por los fiscales regionales que lo sucedieron, Patricio Cooper (Coquimbo) y Juan Castro (Antofagasta). Sobre Palma, la Corte Suprema dio “el visto bueno a la querella de capítulos presentada en su contra por la fiscalía de Los Lagos, por lo que podrá ser formalizado”, según los registros del proceso.
