La Fiscalía Regional de Valparaíso indaga a la senadora Camila Flores (RN) por un presunto mecanismo que, según una denuncia anónima, durante más de siete años habría permitido que parte de los sueldos de sus asesores fueran entregados en efectivo para uso personal de la entonces diputada.
Reportajes T13 accedió a la indagatoria y a registros que, según el Ministerio Público, sostienen la investigación. La denuncia sostiene que la práctica, denominada por trabajadores del Congreso como la “cuota Flores”, habría alcanzado cerca de $300 millones.
Según la denuncia que recibió la Fiscalía, “esta entrega es coordinada por la secretaria del equipo, Yolanda Olfos, quien actúa como intermediaria y encargada de recaudar el dinero. Debido a los límites del giro automático, los asesores deben extraer los montos en efectivo por ventanilla mes a mes”, señala el documento citado por la investigación.
La indagatoria incluye conversaciones de WhatsApp que ya están en manos del Ministerio Público y que, de acuerdo con la denuncia, muestran coordinaciones para la entrega de dinero. En uno de los intercambios, identificado en la investigación, aparece: “Hola (…) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina”, y la respuesta: “Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo”.
Otros mensajes registrados detallan montos asociados a los sueldos. En la transcripción incluida en la denuncia, Yolanda Olfos pregunta: “¿Cuánto saca líquido?”, y el interlocutor responde: “En febrero $1.550.851”. En el mismo hilo, la secretaria habría indicado: “(La diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?”. El testigo reservado consulta: “¿Y cuánto quedará al final el sueldo total? ¿$1.200.000 para usted?”, a lo que la comunicación registra un “Mensaje eliminado” y una posterior réplica: “No, mi consulta es si ¿usted necesitará más del millón?”.
La denuncia también detalla casos puntuales, como el del trabajador identificado como Julio Alejandro Lillo, a quien se atribuye la entrega regular de “$1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales” pese a un contrato por “$2.640.939” mensuales, según los antecedentes consignados en la investigación.
Las piezas de mensajería y los testimonios formarán parte del análisis del Ministerio Público para determinar “si configuran o no conductas delictuales”, indica la investigación en curso. Hasta ahora, la indagatoria está liderada por la Fiscalía Regional de Valparaíso y no se han dictado medidas judiciales que establezcan responsabilidad penal definitiva.
Los próximos pasos serán el análisis de las conversaciones y pruebas por parte del Ministerio Público y la eventual determinación de cargos o el cierre de la investigación. La indagatoria tiene implicaciones políticas por involucrar a una parlamentaria que actualmente es senadora, por lo que su desarrollo seguirá siendo de interés para el Congreso y la ciudadanía.
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