La Fiscalía investiga si hubo gestiones para influir en la votación de la Corte Suprema que rechazó la remoción del ministro Jorge Ulloa, en medio de la indagatoria por presunto cohecho que afecta a la exministra Ángela Vivanco y a su entorno. La causa suma allanamientos, escuchas telefónicas y el envío de antecedentes a otra fiscalía.
La semana pasada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó a la Fiscalía allanar las dependencias de los Conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, desde donde se requisaron computadores, teléfonos y documentos que podrían vincular a los conservadores Sergio Yábar y Yamil Najle con transferencias de dinero, según la investigación encabezada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
Wittwer indaga a la exministra Ángela Vivanco, a su pareja, Gonzalo Migueles, y a al menos otras cuatro personas por presunto cohecho en el marco del litigio entre el Consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco. En la pesquisa se detectaron traspasos en efectivo y transferencias electrónicas entre conservadores y personas del círculo cercano a Vivanco; Migueles, de hecho, trabajó con Yábar en Puente Alto.
De la misma causa surgió una nueva arista: un informe reservado con la transcripción de una interceptación telefónica fue remitido a la Fiscalía Regional de Valparaíso. Según Reportajes Teletrece, en esa conversación uno de los “blancos de interés” habló de gestiones encargadas para evitar la remoción del ministro Ulloa y mencionó intentos por conseguir el voto del ministro Arturo Prado.
Prado había votado a favor de abrir un cuaderno de remoción, pero luego rechazó la salida definitiva de Ulloa cuando el pleno abordó la remoción. En esa votación fueron siete los ministros que rechazaron la medida: Manuel Antonio Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue.
Consultado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el ministro Prado negó haber recibido presiones: “nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación en un asunto sometido a mi conocimiento como ministro de la Corte Suprema. Como juez y profesional jamás aceptaría que se me indicara o siquiera se insinúe algún curso de acción en materias que debo resolver o que estén sometidas a mi conocimiento”, afirmó Prado en el comunicado. Añadió que “la razón por la que rechacé la remoción del ministro Sr. Ulloa obedece a que llegue a la convicción de que las pruebas y los elementos allegados en la audiencia llevada al efecto, ponderados en su mérito con el objeto de aplicar esta drástica sanción, no eran suficientes y no cumplían el estándar probatorio requerido, considerando la gravedad, proporción y trascendencia de la medida propuesta. Esta y no otra son los motivos y razones que justificaron mi voto”.
Las escuchas también habrían revelado que un grupo de abogados particulares vinculado al ministro Ulloa se reunió para celebrar en un restaurante del sector oriente tras la votación que salvó su permanencia, aunque fuentes señalan que no todos asistieron ante la expectativa de nuevos movimientos en la investigación.
Mañana la Cámara de Diputadas y Diputados votará la remoción del ministro Ulloa, un trámite que podría agregar otra etapa al caso y que llega en medio de las diligencias en curso de la Fiscalía. Para la ciudadanía, la causa puede implicar revisiones sobre transparencia en el Poder Judicial y posibles consecuencias en nombramientos y responsabilidades.
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