La Fiscalía presentó la acusación en el caso “Democracia Viva”, solicitando penas de cárcel y detallando un presunto esquema de adjudicación de fondos públicos que involucra a la diputada desaforada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade y al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. La resolución vuelve a poner en foco el caso Convenios y la responsabilidad de actores vinculados al Frente Amplio.
El fiscal Cristián Aguilar, jefe de Antofagasta, formalizó la acusación que, según el documento de 232 páginas, atribuye a los investigados delitos de fraude al fisco y otros ilícitos vinculados a la adjudicación de convenios del Programa de Asentamientos Precarios (PAP).
La Fiscalía pidió “10 años de cárcel” para Catalina Pérez y Daniel Andrade por su participación en la adjudicación de tres convenios por $426 millones suscritos en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, señala la acusación.
En paralelo, el documento explica que a Contreras se le atribuye haber intervenido en la inclusión de la fundación en las nóminas de posibles receptores de fondos. La acusación describe que “el imputado Contreras Gutiérrez intervino en el proceso previo a suscripción y aprobación de los tres convenios de transferencia de fondos públicos” y que logró “la incorporación de la fundación”.
El escrito fiscal incluye además pasajes concretos sobre cómo se habría facilitado la postulación de la fundación. Según la acusación, “la imputada Pérez Salinas se puso de acuerdo con el imputado Contreras Gutiérrez para que éste invitara a la fundación Democracia Viva, para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir tratos fiscales por el Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.
También se cita que “la imputada Pérez Salinas acordó con su pareja Daniel Andrade que éste aceptara dicha invitación” y que, entre julio y agosto de 2022, “Andrade Schwarze coordinó con Contreras Gutiérrez que le remitiera todos los antecedentes necesarios para realizar su postulación”, con indicaciones previas a la selección de la fundación como receptora de fondos.
La acusación incluye la existencia de un contrato de arriendo que califica de falso. En sus términos, “se había suscrito en el mes de julio de 2022 un contrato falso de arriendo, entre Daniel Andrade por Democracia Viva y Cecilia Millán, … para justificar un domicilio de la fundación y poder realizar el trámite de iniciación de actividades ante el SII”, lo que permitió la tramitación para obtener los recursos del PAP. El documento añade que Pérez intervino “directamente en la obtención de una copia del referido contrato de arrendamiento” sabiendo que “ello no era efectivo”.
Sobre la experiencia de la fundación, la Fiscalía sostiene que ni Democracia Viva ni Andrade “tenían experiencia, competencias ni experticia en materia de habilitación primaria”, pese a que postularon a programas de inversión del Ministerio.
El escrito también relata instrucciones atribuidas a Pérez para hacer aparecer la sede de la fundación como real, entre ellas “poner un logo de la fundación a la puerta; que acondicionaran el lugar como una oficina, y que hablaran con el conserje del edificio y la persona que había arrendado la propiedad, para que señalaran que en el lugar efectivamente funcionaba la fundación”.
Además, la acusación apunta a una estrategia para limitar la exposición de la parlamentaria: “Acordó con Daniel Andrade y Carlos Contreras para que éstos asumieran la responsabilidad por la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera a aquélla, lo que establecieron como estrategia para blindar a la parlamentaria”, añade el documento. También indica que “Tanto la imputada Catalina Pérez como Daniel Andrade eliminaron de sus teléfonos celulares todo contacto que mantuvieron con el imputado Contreras”.
La presentación fiscal se enmarca, según el texto, en una investigación más amplia del denominado caso Convenios, en el que además se vinculan otros convenios firmados por Contreras con fundaciones como Fibra ($430 millones), Tomarte ($456 millones) y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo, $284 millones). En esas causas la Fiscalía solicitó sanciones más gravosas para algunos imputados —según el expediente, penas de hasta 35 años para quienes habrían tenido un rol adicional en los contratos— y pidió medidas contra representantes de otras fundaciones por delitos como fraude y lavado de activos.
La Fiscalía precisó que, al momento de la presentación de la acusación, ninguno de los imputados se encontraba en prisión preventiva.
