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Fiscalía presenta queja contra juez por fallo favorable a Orrego

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La Fiscalía de Antofagasta presentó una queja disciplinaria contra el juez de garantía Hans Durán por fallos relacionados con la causa ProCultura, señalando irregularidades en la resolución que trasladó el proceso a Santiago y en la decisión de mantener el secreto bancario de personas vinculadas a la fundación.

El recurso fue interpuesto por el fiscal jefe de alta complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos. En el escrito de 16 carillas, la Fiscalía acusa al magistrado de actuar “inexcusablemente negligente” y de incurrir en “falta y abuso en el desempeño de sus funciones”.

El conflicto se originó cuando, tras la presentación por parte del Ministerio Público de una solicitud de desafuero contra el gobernador Claudio Orrego —registrada el 4 de septiembre ante la Corte de Apelaciones— la defensa de Orrego, representada por el abogado Ciro Colombara, pidió el traslado de la causa desde Antofagasta al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que el convenio entre el Gobierno Regional y ProCultura se celebró en la capital. El juez Durán accedió al traslado y condenó en costas al Ministerio Público.

En su presentación, la Fiscalía cuestiona la motivación y la calidad técnica de la resolución de Durán. Según el documento, “la citada resolución contiene alrededor de 3.000 palabras, la que luego de un debate oral respectivo, fue redactada en poco más de 20/30 minutos, lo que podría explicar las faltas y abusos indebidos que se pasan a relatar”. El ministerio público sostiene que esa rapidez explicaría errores y contradicciones internas en el fallo.

El juez Durán sostuvo en su resolución que “no resulta jurídicamente atendible que el nuevo fiscal designado pretenda desconocer los actos procesales de su antecesor, quien reconoció expresamente la competencia de un tribunal diverso, y que hoy, invocando una supuesta conveniencia, intente alterar un acto propio sin sustento normativo ni respaldo fáctico razonable”. La Fiscalía respondió que esa afirmación es inexacta y presentó un recurso de rectificación, argumentando que tales afirmaciones “incorporadas de manera arbitraria por el Tribunal tienen un carácter sustancial, atendido que son parte principal del fundamento de lo resuelto y, a su vez, sirven de sustento para rechazar nuestras alegaciones, constituyendo falacias argumentativas que llevan al yerro judicial”.

Además, la queja cuestiona la decisión de Durán de no autorizar el levantamiento del secreto bancario para varias personas vinculadas a ProCultura, entre ellas la fundadora Patricia Ilonka; la directora de Estudios, María Teresa Abusleme; la integrante del directorio, María Eugenia Sabbagh; y Alberto Larraín Lohmayer. En su resolución, el juez señaló que “no existiendo causal de reserva legal y sin que la naturaleza de la diligencia permita presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito, no ha lugar”. La Fiscalía objetó esa decisión, indicando que el magistrado “omite que dentro de los delitos investigados se encuentra el delito de Lavado de Activos”, lo que, según el ministerio público, activa normas específicas sobre la reserva de la investigación.

El trasfondo del caso ProCultura: Orrego está imputado —aunque aún no formalizado— por fraude al fisco por el traspaso de $1.690.388.000 del Gobierno Regional a la fundación en 2022, en su mayoría provenientes del programa Quédate, y por montos que no habrían sido restituidos. La investigación ha pasado por varias fiscalías regionales y actualmente la encabeza el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios; se indagan contratos de ProCultura en siete regiones. Orrego ha declarado ser inocente de las imputaciones y, paralelamente, enfrenta un proceso de remoción ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La queja disciplinaria presentada por la Fiscalía deberá ser revisada por el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En lo penal, la causa ProCultura continúa su tramitación y cualquier decisión sobre el traslado del expediente, el eventual levantamiento de secreto bancario o solicitudes de desafuero tendrá impacto en la investigación en curso.

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