La Fiscalía presentó una querella de capítulos contra la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en lo que constituye el primer paso para su eventual formalización por presuntos delitos de lavado de activos y cohecho relacionados con el consorcio bielorruso Belaz-Movitec.
La acción fue ingresada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, tras la detención de Gonzalo Migueles y de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Según el Ministerio Público, “Vivanco habría recibido sobornos a través de su pareja Gonzalo Migueles” en el marco del fallo que favoreció a Belaz-Movitec frente a Codelco.
Los persecutores sostienen que en diciembre de 2023 Migueles fue a buscar “US$14 mil a la oficina de los abogados de la empresa Belaz-Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas”, y que esos montos fueron “lavados” mediante un cheque y una operación en una casa de cambio. La Fiscalía afirma que los recursos habrían sido utilizados “para un viaje a Argentina y Brasil y compras millonarias en dólares con sus tarjetas de crédito”.
En la querella se incluye además una descripción de los hechos con el siguiente argumento: “Para obtener un resultado favorable de un juicio en perjuicio del erario público, se soborna a un juez de la República, ministra de la Corte Suprema, máximo tribunal del país, obteniendo beneficios económicos a cambio de los cuales se realizan conductas de lavado de activos para esconder su origen y utilizarlos con ánimo de lucro”, señala la acción judicial.
Trayectoria y antecedentes
Ángela Francisca Vivanco Martínez nació en Santiago en 1963. Es abogada titulada de la Universidad Católica (juró en mayo de 1989) y tiene un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña. Fue profesora y directora de investigación en la Facultad de Derecho de la UC hasta 2024 y desempeñó cargos académicos en la Universidad Santo Tomás hasta 2016.
Su carrera judicial y pública tuvo episodios polémicos. Ingresó a la Corte Suprema en 2018 sin ser jueza de carrera, lo que generó “resistencia entre los parlamentarios de izquierda”, según registros públicos. Formó parte de la Tercera Sala y fue vocera del máximo tribunal durante un año y medio, desde donde criticó iniciativas surgidas de la Convención Constitucional. En una entrevista en 2023 Vivanco afirmó que “los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, comentario que motivó cuestionamientos y su salida del cargo de vocera.
En julio de 2024 la Comisión de Ética de la Corte Suprema abrió un proceso administrativo en su contra y contra otros tres ministros por eventuales irregularidades en nombramientos. El 10 de octubre de 2024 el pleno de la Corte Suprema acordó por unanimidad removerla de su cargo; seis días después, el Senado respaldó la acusación constitucional presentada por diputados oficialistas.
Próximos pasos
La Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver la admisibilidad de la querella y la Fiscalía podrá avanzar hacia una formalización que, de prosperar, podría derivar en medidas cautelares. El caso mantiene implicancias para la transparencia del Poder Judicial y sigue bajo investigación, con impacto en la confianza pública.
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