La Fiscalía regional de Antofagasta solicitó este jueves el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego ante la Corte de Apelaciones de esa región, en una investigación por presunto fraude al fisco vinculada a la fundación ProCultura y al programa de prevención del suicidio “Quédate”.
La petición de desafuero fue presentada por el fiscal regional Juan Castro, en el marco del caso que investiga la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura, autorizada por el Consejo Regional Metropolitano poco más de tres semanas después de que Orrego propusiera el nombramiento de Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo presidida por el gobernador.
El origen del expediente se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional aprobó la incorporación de Larraín a la corporación. Veintiún días después se autorizó el pago a ProCultura por el programa “Quédate”, operación que la Fiscalía considera podría constituir un “fraude al fisco”.
Orrego declaró como imputado el 17 de diciembre —tres semanas después de su reelección— y, según la investigación, se levantó su secreto bancario. En esa declaración, el gobernador sostuvo que apoyó la incorporación de Larraín en la política y en la corporación, y negó irregularidades relacionadas con sus campañas: “Descarto financiamiento de alguna de mis campañas por parte de Alberto Larraín”, dijo Claudio Orrego.
En los antecedentes presentados ante la fiscalía, Orrego detalló su relación con Larraín y el origen del programa regional. Sobre la transferencia a ProCultura, manifestó que “para el financiamiento del proyecto denominado ‘Quédate’ se transfirieron $1.600.000.000 aproximadamente, en una sola cuota” y explicó que la iniciativa nació en una mesa regional de prevención del suicidio integrada por la OPS, la Seremi de Salud y fundaciones vinculadas al tema.
En mayo de 2024, el Gobierno Regional Metropolitanó presentó una querella contra ProCultura por la presunta apropiación indebida de $1.010.379.291 no restituidos del programa “Quédate”, lo que dejó a Orrego en la doble condición de imputado y querellante. Paralelamente, consejeros de oposición presentaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) un requerimiento de destitución contra el gobernador por el caso ProCultura y por un traspaso de $31.366.179 a la consultora Vera y Asociados para un servicio de coaching que, según un informe de la Contraloría General de la República, “incluyó al menos 16 sesiones sobre su campaña”.
La defensa de Orrego reaccionó tras la solicitud de desafuero. Su abogado, Rodrigo de la Barra, afirmó: “El gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones. Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público”.
La petición de desafuero presentada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta marca un nuevo tramo procesal en la causa, que continuará con la revisión judicial de la solicitud y posibles determinaciones sobre la formalización de cargos. La evolución del caso tendrá implicancias para la fiscalización del gasto público regional y para las instancias de control administrativo y electoral que ya están activas en torno a la investigación.
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