La Fiscalía ingresó una solicitud de desafuero contra el gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura, acusándolo de gestiones indebidas para agilizar un convenio con la fundación que recibió fondos públicos.
El escrito presentado por la Fiscalía —al que tuvo acceso T13— sostiene que Orrego “abusó de su cargo de gobernador regional Metropolitano y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba”, señalando que intervino “en actos propios de su función y con infracción grave de los deberes del mismo” en la suscripción de convenios con ProCultura. Según el documento, ello “generó como perjuicio el valor total de los montos asignados de ambas iniciativas, correspondiente a $1.690.388.000”.
Los fiscales a cargo —el Fiscal de Alta Complejidad Eduardo Ríos y el persecutor regional de Antofagasta Juan Castro Bekios— piden además “formalizar y pedir medidas cautelares” contra Orrego como autor de los delitos consumados de “fraude al fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente”.
En el requerimiento, que supera las 70 páginas, la Fiscalía incorpora mensajes de WhatsApp entre Evelyn Magdaleno, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GOREM, y María Teresa Abusleme, exdirectora de ProCultura. En ellos se consigna que “el gobernador ha llamado hasta el contralor”, en referencia al entonces titular del organismo fiscalizador, Jorge Bermúdez. Los persecutores afirman que ese intercambio “devela la comunicación directa que sostuvo el gobernador con el contralor de la época, lo que habría tenido como objetivo acelerar indebidamente el proceso administrativo de toma de razón del convenio señalado y de esta forma asegurar la tramitación expedita del mismo y la liberación de los recursos públicos asignados a la fundación”.
La Fiscalía precisa que ese contacto se habría producido el 5 de octubre de 2022, seis días antes de que Contraloría visara oficialmente el acuerdo que permitió el traspaso de recursos a ProCultura.
El documento también detalla vínculos previos entre Orrego y el psiquiatra Rafael Larraín —otro imputado en la causa— señalando que ambos “compartieron militancia en la Democracia Cristiana” y que Larraín “colaboró directamente con Orrego durante su paso por la alcaldía de Peñalolén”. Según los persecutores, esa relación se mantuvo cuando Orrego buscó proyectar su carrera presidencial y lo integró en espacios de asesoría. La Fiscalía agrega que Larraín “incluso habría extendido una licencia médica falsa a Orrego, con el propósito de justificar una ausencia laboral cuando este ejercía cargos públicos”.
La solicitud de desafuero fue ingresada la tarde del jueves y, según el Ministerio Público, marca un avance en la investigación sobre la tramitación y ejecución de convenios entre el GORE Metropolitano y la Fundación ProCultura.
