Una investigación periodística y estudios oficiales advierten sobre un “fraude social masivo” en el acceso a la gratuidad universitaria, donde estudiantes habrían falsificado datos socioeconómicos en el FUAS y en el Registro Social de Hogares (RSH) para quedar dentro del 60% más vulnerable y recibir el beneficio.
Foros y redes sociales, además de ofertas de asesorías informales, han difundido mecanismos para reducir la calificación socioeconómica. Según reportes, en plataformas como TikTok hay perfiles que cobran entre $50.000 y $80.000 por “asesorías” de asistentes sociales para completar el FUAS. También se han detectado consejos en internet que incluyen desde declarar convivencia con adultos mayores hasta simular cese de convivencia.
El problema impacta las cifras del sistema de gratuidad. El beneficio, vigente desde 2016, cubre arancel y matrícula para estudiantes hasta el sexto decil. En promedio se financia “$4.531.117 pesos por alumno en universidades y $2.488.856 en Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP)”. El gasto corriente asociado a gratuidad “se ha sextuplicado, llegando a $2.224.580 millones en 2025”, y la cantidad de beneficiarios “se ha cuadruplicado, llegando a 614.905 en 2026”. Según el ex director de Dipres Matías Acevedo, la diferencia entre lo proyectado y el costo efectivo “ya suma US$4.400 millones adicionales y va en aumento”.
Expertos y rectores han advertido irregularidades en la composición socioeconómica del estudiantado. El exrector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sostuvo que “hoy día, en todo el sistema universitario hay muy poca representatividad del séptimo decil porque hay muchas familias que mostraron sus antecedentes perteneciendo al sexto decil, a través de distintas acciones. Por lo tanto, hay una sobrerrepresentación del sexto decil que tiene derecho a gratuidad”. En términos similares, Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, afirmó que “se suele decir en nuestras reuniones de rectores que efectivamente el séptimo decil ha ido desapareciendo, pues el incentivo a estar dentro de los seis primeros es tan grande que hay estudiantes que falsean antecedentes para poder optar a la gratuidad”.
Un análisis del Centro de Estudios Públicos (CEP) detectó que “un 23,3% de estudiantes que recibieron gratuidad en 2022 están entre el decil 7 y 10 (de mayores ingresos) y, por tanto, no están dentro del grupo de la población objetivo del beneficio”. Ese trabajo fue elaborado por Gabriel Ugarte, quien recientemente asumió como subsecretario de Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo Social y deberá revisar las fallas del RSH.
El propio RSH muestra discrepancias frente a datos censales. Mientras el Censo 2024 registra 6,6 millones de hogares, con un 21,8% unipersonales, el RSH de 2025 reporta 8,9 millones de hogares y una tasa de unipersonalidad del 51,2%, lo que, según centros de estudio, sugiere sobredeclaración de hogares unipersonales para acceder a beneficios.
Las irregularidades aparecen con especial intensidad en el proceso de apelación de quienes quedaron fuera de la gratuidad, etapa que se desarrolla en marzo. Las instituciones señalan que, en caso de detectarse falsedad en la declaración, se retira el beneficio; sin embargo, hasta la fecha no se han judicializado casos por falsificación de instrumento público o declaración maliciosa.
Frente a la situación, la Comisión Asesora para reformas estructurales al gasto público planteó como propuesta número 1 “Mejorar la asignación socioeconómica de los beneficios estudiantiles en educación superior”. El informe advierte que “el sistema actual de asignación de beneficios estudiantiles presenta debilidades en sus mecanismos de asignación, lo que facilita el acceso indebido a la gratuidad y genera ineficiencias”, y propone integrar mejor el RSH y el FUAS, reforzar los controles de la Subsecretaría de Educación Superior y utilizar nuevas herramientas tecnológicas para minimizar inconsistencias.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha señalado que el Gobierno se guía por las recomendaciones de esa comisión para abordar el problema. Entre las medidas ya adoptadas figura la prohibición, desde 2026, de que los alumnos modifiquen su ficha social sin razones justificadas.
