El futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, detalló en una entrevista las principales medidas de un proyecto de ley que busca endurecer el control migratorio, incluyendo la criminalización del ingreso irregular, mayores sanciones y nuevos mecanismos para concretar expulsiones. La iniciativa, impulsada por la bancada de Renovación Nacional, se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior del Senado.
En T13 En Vivo, Sauerbaum explicó el objetivo central de la propuesta: “Entrar al país sin autorización es una falta, lo cual no hay castigo. Esta ley es para que se pueda producir la expulsión inmediata o la retención de la persona”.
Sobre quiénes deben ejecutar esos procesos, el futuro director dijo que la iniciativa busca sacar las decisiones del Servicio Nacional de Migraciones y llevarlas al ámbito judicial: “Queremos que sea una expulsión que no dependa del servicio de migración, sino que dependa netamente de la justicia por cometer el delito de ingreso ilegal”.
Entre las reformas concretas que mencionó están el aumento de los plazos de detención por ingreso no habilitado y penas más duras por uso de documentación falsa. “El proyecto de ley tiene una pena por ingreso no habilitado por 61 días, que es mucho más que los cinco días que hoy permite retener a una persona”, afirmó. Añadió que “hay una pena de hasta 5 años de cárcel para personas que entren con documentos falsos, cosa que también ocurre con mucha frecuencia”.
Sauerbaum también anunció la tipificación del delito de transporte de migrantes irregulares y sanciones dirigidas a empleadores. “Vamos a sancionar al empleador que contrate a migrantes sin documentación”, señaló.
En materia de control fronterizo, el futuro director identificó “12 puntos críticos en la zona” donde se implementarán medidas tecnológicas y físicas: “Nosotros hemos determinado que hay 12 puntos críticos en la zona”, dijo, explicando que en esos sectores se aplicaría vigilancia con “drones, cámaras nocturnas y monitoreo constante”. Sobre barreras físicas, afirmó que se evalúa construir “una zanja que se va a construir en estos sectores más complejos”.
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es la fórmula para financiar las expulsiones. Según Sauerbaum, la intención es que parte del costo lo asuman los propios migrantes que cotizan. “En algunos casos lo van a pagar ellos, los que están cotizando, pretendemos sacarles los recursos de la AFP para solventar los pasajes fuera de Chile”, dijo.
El futuro director también advirtió sobre la carga administrativa del sistema migratorio: “Tenemos 120 mil nacionalizaciones en trámite, 23 mil que dejó el gobierno anterior listas para firma y 63 mil residencias definitivas”. En ese marco, calificó la situación como “un gran tema administrativo” que requiere soluciones urgentes.
La iniciativa, presentada por la bancada de Renovación Nacional y ahora en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, seguirá su tramitación legislativa en el Senado, donde será discutida y sometida a las etapas correspondientes del Congreso. La propuesta plantea cambios que impactarán en la gestión de fronteras, la responsabilidad judicial en expulsiones y las obligaciones sobre empleadores.
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