El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que el proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que se discute en el Senado, podría favorecer a condenados por violaciones a los derechos humanos alojados en Punta Peuco y contradecir compromisos internacionales de Chile.
En entrevista con Radio UChile, Gajardo sostuvo que “este es un proyecto que es contrario a las obligaciones internacionales que tiene nuestro país, al proceso que ha tenido nuestro país en materia de justicia de los graves crímenes que se cometieron durante la dictadura militar”. Agregó que, pese a sus reparos, no han “tenido eco en la Sala del Senado, lamentablemente”, dijo el ministro.
Gajardo calificó la iniciativa como “un proyecto muy malo técnicamente” y advirtió que, de aplicarse, incluiría “las 300 y tantas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad”, lo que a su juicio vulnera los requisitos de la legislación nacional e internacional para este tipo de medidas.
El secretario de Estado también puso ejemplos de delitos que, según el texto en discusión, podrían quedar cubiertos por la sustitución de penas. Sobre el caso del asesino en serie de Alto Hospicio, dijo que “Julio Pérez es esta persona que cometió los graves crímenes de Alto Hospicio, 14 mujeres de distintas edades, de 13 años la más pequeña, que violó y asesinó a estas mujeres en distintos momentos de la historia de nuestro país”.
Respecto a la transición de Gobierno y críticas por el nombramiento del futuro ministro de Justicia, Fernando Rabat, Gajardo informó que sostuvo un contacto con él y quedó “con una excelente opinión”. Asimismo, valoró que, hasta ahora, “no hemos visto ningún indicio del nuevo gobierno de que no vaya a mantener el Plan Nacional de Búsqueda y eso yo creo que es una buena noticia”, y sostuvo que las posturas negacionistas en la campaña provinieron de “otros candidatos”, señaló el ministro.
El proyecto de cumplimiento alternativo de penas continúa su tramitación en el Senado. Su eventual aprobación implicaría cambios en la ejecución de condenas para adultos mayores y enfermos terminales, y, según el Gobierno saliente, podría tener implicancias en la aplicación de normas sobre crímenes de lesa humanidad.
En los próximos pasos, la iniciativa deberá ser discutida y votada en la Sala del Senado; su avance seguirá generando debates entre el Ejecutivo, el Congreso y organizaciones de derechos humanos. Sigue la cobertura política en portalnacional.cl.
