El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó de “impresentable” la querella presentada contra el exministro Luis Cordero y la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, por el caso de Bernarda Vera, y aseguró que las denuncias “carecen de fundamento normativo y fáctico”.
El pronunciamiento se produjo tras la difusión de un reportaje de CHV Noticias que mostró a una mujer de 79 años en Miramar, Argentina, quien podría ser la persona identificada en el Informe Rettig como Bernarda Vera, considerada una de las 1.162 víctimas de desaparición forzada del régimen de Augusto Pinochet.
Según el reportaje, la mujer habría llegado a Argentina con la ayuda del militante Svante Grände, emigrado posteriormente a Suecia y retornado a Argentina en 1999. Estas nuevas versiones han generado cuestionamientos respecto del relato histórico consignado en el Informe Rettig sobre Vera.
El Informe Rettig documenta que Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y profesora de educación básica, fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, en la región de Valdivia, y se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén, siendo considerada desaparecida desde entonces.
La querella criminal fue presentada por el Partido Nacional Libertario y el abogado Maximiliano Murath, y apunta contra “el exministro de Justicia, Luis Cordero, la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, y todos quienes resulten responsables”, según el texto citado por los medios.
En diálogo con CHV, Gajardo defendió el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada —lanzado por el Presidente Gabriel Boric en agosto de 2023— y afirmó que la información difundida “no desacredita el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada (…) sino que demuestra la efectividad del programa”.
El ministro también cuestionó la credibilidad de quienes impulsaron la acción judicial: “Me parece realmente impresentable que sea Maximiliano Murath, abogado de las personas que tienen la información, que son criminales condenados por crímenes de lesa humanidad”, y agregó que esas personas “arriesgan las penas del artículo 211 del Código Penal por hacer denuncias calumniosas”, reiterando que las denuncias “carecen de fundamento normativo y fáctico”.
La controversia reabre el debate sobre la investigación de casos de detenidos desaparecidos y la labor estatal en materia de memoria y justicia, además de generar incertidumbre entre las familias identificadas en los informes oficiales.
La querella ya fue presentada públicamente; se espera que su tramitación judicial y las indagaciones vinculadas al reportaje de CHV sean los próximos pasos en este caso.
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