El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió el proyecto de suspensión y cumplimiento alternativo de penas y sostuvo que la iniciativa debe incluir requisitos estrictos para evitar liberaciones indiscriminadas, mientras la discusión avanza en el Congreso y genera polémica en el Senado.
En entrevista con Radio Duna, García Ruminot afirmó que “la idea es que haya una ‘exigencia'”.
Sobre los destinatarios del proyecto, dijo que “que esto esté radicado para personas que estén verdaderamente y comprobadamente en situaciones de salud irreversibles”.
El ministro reconoció la complejidad del sistema penitenciario y subrayó la presión sobre Gendarmería: la situación es “muy difícil” y “tenemos una cantidad enorme de personas que están en las cárceles que exceden con creces la capacidad que tienen”, declaró.
Aunque el Gobierno y el oficialismo, incluido el Presidente José Antonio Kast, han mostrado respaldo a la iniciativa, su aprobación en general en el Senado provocó críticas por la posibilidad de que se beneficiara a condenados por crímenes de lesa humanidad, violación de menores y homicidio, según las voces opositoras que cuestionaron el avance.
García Ruminot insistió en que la iniciativa corresponde al Poder Legislativo: el proyecto está “radicado estrictamente en el Congreso” y, a su juicio, “si hay acuerdos políticos en el Congreso respecto de ello, debiera aprobarse”, señaló.
En relación con la gestión parlamentaria del Ejecutivo, el ministro valoró la conformación de las mesas legislativas lideradas por el oficialismo y su efecto en la tramitación: “ayuda mucho que uno tenga una relación muy fluida con quienes componen la mesa (…) Espero que esa relación nos permita sacar adelante la agenda legislativa”, afirmó.
