El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, respondió este martes a la orden de arresto de tres días que un juez habría dictado en su contra por no contestar un requerimiento, calificando la medida como “una práctica impropia, desproporcionada” y atribuyendo la filtración de la resolución a un intento de perjudicar su gestión en el Gobierno Regional.
Mundaca dijo que la orden —que, según él, fue luego anulada de manera extraoficial— fue dictada por el juez Julio Fuentes. “Esta es una información no oficial, trasciende en los medios de prensa, donde se señala que tengo una orden de arresto de tres días a propósito que no contestamos un requerimiento del juez Julio Fuentes de la región de Valparaíso… un requerimiento referido a un conflicto entre privados en el que nosotros no tenemos ni arte ni parte”, explicó Mundaca.
La autoridad regional afirmó que no recibió notificación formal. “Primero no fuimos notificados ni por RUT ni físicamente de esta orden de arresto, hasta el día de hoy no hemos sido notificados. Segundo, hemos sido informados también no oficialmente que la corte anuló la orden de arresto”, agregó.
Mundaca cuestionó además el criterio del juez para aplicar una medida privativa de libertad a un cargo electo. “¿Se imagina usted que los jueces de la República estuvieran emitiendo órdenes de arresto a todas las autoridades electas democráticamente por no responder?”, planteó, y añadió que “es completamente desproporcionado, deberían meter a los delincuentes a la cárcel, no a una autoridad electa democráticamente”.
Sobre el requerimiento al que se refiere el juez, Mundaca explicó que solicitaba información sobre la relación del Gobierno Regional con un conjunto de empresas demandadas por un trabajador. “Se nos pregunta precisamente cuál es la relación que tenemos con un conjunto de empresas que son demandadas por un trabajador, precisamente por distintas acreencias. La gran mayoría de esas empresas son empresas inmobiliarias”, señaló. “La notificación pedía que entregáramos información con respecto a los datos que tiene el Gobierno Regional con respecto a estas inmobiliarias y si el Gobierno Regional tenía algún tipo de acreencias con estas empresas”, detalló.
Respecto a la filtración del contenido de la resolución, Mundaca anunció que actuará para determinar responsabilidades. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién filtró la información, porque aquí hay una práctica impropia, desproporcionada, irracional, pero particularmente quién filtra y con qué propósito filtra, porque aquí hay una filtración evidente de una resolución judicial que habla de un arresto a mi persona”, afirmó.
Los próximos pasos anunciados por la autoridad son identificar al autor de la filtración y aclarar la situación procesal respecto del requerimiento judicial, mientras se espera una notificación formal. La controversia plantea cuestionamientos sobre la relación entre las decisiones judiciales y el ejercicio de cargos electos, con potencial impacto en la percepción ciudadana sobre transparencia y administración regional.
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