El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura, “engañó a mucha gente” mientras se desarrolla la investigación por el caso ProCultura, que motivó un intento de desafuero solicitado por la Fiscalía y rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago. (20 de febrero de 2026)
Tras el rechazo del desafuero, Orrego abordó en una entrevista con Radio Infinita su relación con Larraín y los efectos del caso sobre las fundaciones y el Gobierno Regional.
Orrego recordó que la investigación se originó por el traspaso de $1.600 millones desde el Gobierno Regional a la Fundación ProCultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate. Además, señaló que los chats publicados por Reportajes T13 “revelarían favores y estrategias conjuntas”, lo que, dijo, complica la percepción pública del vínculo institucional.
Sobre la figura de Larraín, el gobernador afirmó que “engañó a mucha gente. Lo que pasó con ProCultura le hizo un tremendo daño a las fundaciones en Chile, no solamente a las fundaciones de prevención del suicidio que participaban de este proyecto, sino que a mucha gente”, según la entrevista difundida por Radio Infinita.
Orrego defendió su actuación institucional y subrayó que, en su rol público, siguió los procedimientos: “Uno ve caras y no corazones, claramente. Y es por eso que en mi ejercicio de las funciones públicas, más allá de conocer personas, yo nunca he sentido que pueda saltarme la aplicación estricta de la ley”.
Sobre las medidas administrativas adoptadas por el Gobierno Regional, el gobernador explicó que “cuando uno se relaciona institucionalmente con estas instituciones tiene que ponerse en el peor escenario y nosotros nos pusimos en el peor escenario que era cobrar pólizas de seguro por el 100%”.
En cuanto a la dimensión personal y política del caso, Orrego reconoció la repercusión sobre la confianza pública: “Hay una tremenda desilusión”, y agregó que al votar junto a los otros 34 consejeros regionales se confió en “una institución que tiene personas con nombre y apellido, y cuando esas personas traicionan la confianza, obviamente que la desilusión es muy grande”.
El gobernador también enfatizó la necesidad de que la investigación avance: “Tiene que hacerse la investigación, aquí se cometieron delitos y las personas que los cometieron tienen que responder”, declaró a Radio Infinita.
La causa sigue en manos de la Fiscalía y ahora se mantienen pendientes las diligencias y eventuales responsabilidades judiciales que puedan derivarse. El rechazo del desafuero no cierra la investigación administrativa ni penal en curso.
Seguiremos la cobertura del caso y sus implicancias políticas en portalnacional.cl.
