El Gobierno cuestionó con dureza a la UDI por frenar la tramitación del proyecto de Sala Cuna, que quedó sin avanzar esta semana ante la falta de citación de la Comisión de Educación en el Congreso.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, acompañado de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, afirmó que el proyecto había logrado avanzar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y que existía disposición para seguir su tramitación. “Fue aprobada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde participaron senadores de oposición y de gobierno y con muy buena disposición para avanzar a este segundo trámite en la Comisión de Educación”, dijo Boccardo.
Según el secretario de Estado, en la discusión se incorporaron y consideraron ciertas “preocupaciones” planteadas por la oposición, entre ellas medidas como el copago cero para las empresas, la certeza jurídica sobre el cumplimiento de ese derecho, una transición gradual y la precisión sobre el uso de recursos para fortalecer la educación pública.
Boccardo sostuvo además que, pese a ese avance, la UDI informó a través de la presidencia de la Comisión de Trabajo —que ejerce el senador Gustavo Sanhueza— que no iba a citar a la Comisión de Educación. “Se notificó de parte de la UDI, a través de la presidencia de la Comisión de Trabajo que preside el senador (Gustavo) Sanhueza, que no iba a citar a la Comisión de Educación y por lo tanto no había posibilidades de tramitar el proyecto esta semana”, relató el ministro.
Frente a ese bloqueo, Boccardo dijo que el Gobierno considera la decisión de la UDI “sumamente grave e irresponsable” y agregó que con ello “se priva a una gran cantidad de mujeres de poder acceder al derecho de sala cuna”. También describió que se había alcanzado un “entendimiento bastante importante” en las conversaciones previas.
La polémica deja, por ahora, la tramitación en suspenso: el avance del proyecto dependerá de que la Comisión de Educación sea citada para su segundo trámite, un paso que quedó pendiente tras el pronunciamiento de la UDI. La controversia instala un choque entre el Ejecutivo y un sector de la oposición sobre el ritmo y la priorización de la iniciativa en el Congreso.
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