El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el 27 de enero un decreto que autorizaba la concesión de un cable submarino entre Chile y China, pero el documento fue anulado el 29 de enero, según reveló El Mercurio. La decisión puso en alerta al Gobierno y reabre el debate sobre la tramitación de proyectos de conectividad y su revisión ante la Contraloría.
El decreto, firmado por Muñoz, autorizaba a la empresa China Mobile International (CMI) a “instalar, operar y explotar” una red de fibra óptica submarina que uniría Hong Kong con Concón, en la región de Valparaíso, con una extensión cercana a 19.800 kilómetros, informó el medio.
Según el documento citado por El Mercurio, la anulación del decreto registró como motivo “razones de error técnico o en su tipeo”. Tras la publicación, desde La Moneda precisaron que la iniciativa continúa en etapa de evaluación y que la anulación buscó reunir antecedentes técnicos y jurídicos antes de avanzar en el proceso.
El canciller Alberto van Klaveren explicó que el proyecto no ha sido remitido aún a la Contraloría General de la República y que se encuentra en una fase previa de análisis entre distintas agencias del Estado. Desde el Ejecutivo también señalaron que aceptar la tramitación de una iniciativa no implica su aprobación definitiva.
El Ministerio de Transportes indicó que sobre el proyecto se hicieron observaciones que fueron subsanadas, pero que aún restan etapas administrativas antes de decidir si se concede la autorización definitiva. En ese contexto, el propio ministro Muñoz dijo que “no hay nada sorpresivo ni contrario a lo que ya he señalado. Este proyecto se encuentra en su etapa de evaluación y la firma del decreto fue anulada justamente con el objetivo de recabar más antecedentes en el marco de su análisis. Es importante señalar que no se ha enviado nada a la CGR para toma de razón. Y tal como ya se ha dicho, la decisión sobre el futuro de este proyecto se tomará una vez que se hayan revisado todos los antecedentes”.
La revelación del caso también generó cuestionamientos políticos y dudas sobre la posible influencia internacional, en especial tras conocerse sanciones relacionadas con visados a tres autoridades nacionales, lo que avivó el debate sobre los factores geopolíticos que rodean proyectos de infraestructura digital.
