La Cámara de Diputados despachó al Senado la ley de reajuste del sector público, aprobando 119 de los 132 artículos, aunque rechazó la norma conocida como “confianza legítima” que la oposición ha calificado como la llamada “ley de amarre”.
El despacho incluye el reajuste del 3,4% y los beneficios económicos acordados para el sector público, informó el Ejecutivo, que además anunció que buscará diálogo en el Senado para resolver los artículos que no obtuvieron respaldo.
La norma de “confianza legítima”, que generó rechazo entre parlamentarios opositores, establecía que “la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo(…) sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”. También proponía reconocer que, “para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, [exista] la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad” ante la Contraloría.
En un intento por conseguir apoyo de la derecha, el Ejecutivo presentó una modificación para extender el plazo de dos a cinco años, pero esa propuesta fue rechazada en la Comisión de Hacienda del Senado y en la votación de la Cámara se mantuvo la iniciativa original.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la aprobación del proyecto “en general” y sostuvo que ello refleja “un apoyo transversal que por supuesto excede al oficialismo propiamente tal”. Sobre la norma controvertida, Grau afirmó que “ninguna persona que haya ingresado durante esta administración iba a tener esta posibilidad” y que la propuesta es “razonable”. Asimismo, defendió que “lo que busca no es amarrar a nadie a ningún cargo, sino que simplemente no existan arbitrariedades en el despido o no renovación de una contrata”.
El despacho al Senado marca el inicio de la etapa de análisis en la Cámara alta, donde el Ejecutivo adelantó que insistirá en la aprobación de la norma de confianza legítima y propondrá fijar un plazo de cinco años para despejar dudas sobre supuestos “amarres”. Para los trabajadores públicos, la votación implicó la confirmación del reajuste y la ratificación de los beneficios acordados; para el Congreso y el Gobierno, abre la negociación en el Senado sobre los puntos pendientes.
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