El Gobierno prepara la presentación de su paquete económico —incluido un proyecto de reforma tributaria— en cadena nacional este miércoles, y opta por centrar el debate en el impacto sobre el empleo y la clase media más que en los guarismos fiscales. La iniciativa abrirá la discusión en el Congreso en medio de presiones internas y la ofensiva de la oposición.
La llamada ley de Reconstrucción Nacional, que el Ejecutivo describe como el núcleo de su agenda económica, contempla “más de 40 medidas” en materias de empleo, inversión y tributos, además de propuestas en seguridad, educación y vivienda.
En las últimas horas el Gobierno identificó tres focos de presión política que quiere neutralizar antes de la batalla parlamentaria. Primero, parlamentarios de distintos bloques —incluidos diputados de la UDI y RN— han exigido incorporar medidas concretas para la clase media y las pymes. Segundo, sectores de izquierda lanzaron una ofensiva para frenar la reducción del impuesto corporativo de 27% a 23%, calificada en minutas internas como “la madre de todas las batallas”. Tercero, encuestas recientes, señalan que la economía y el empleo pasaron a ser la principal preocupación ciudadana tras el alza de las bencinas, y que existe respaldo mayoritario a subir impuestos a las empresas en vez de reducirlos.
Frente a ese escenario, “altas fuentes de gobierno” afirman que la estrategia comunicacional no girará en torno al número de la rebaja tributaria sino en “los beneficios sociales concretos” que el paquete traerá para el empleo y el bolsillo de las personas. La lógica, explican en Palacio, es presentar la reforma con “un objetivo social”: dinamizar la inversión, aumentar el empleo y elevar las remuneraciones.
El Ejecutivo también buscará poner a la oposición “el peso de la prueba” respecto de advertencias sobre baja recaudación, apoyándose en datos que, según el Gobierno, muestran cómo ciertas reformas tributarias han afectado inversión y empleo.
Los voceros designados para transmitir ese mensaje serán el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro del Interior, Claudio Alvarado; y el secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Sobre las críticas al carácter distributivo de la reforma, Quiroz dijo: “No transformemos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier baja de impuesto es para favorecer a los ricos. No, señores. Aquí la economía está complicada, la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar adelante muy rápido”. Añadió que la rebaja apunta a “empresas con capacidad de inversión y generación de empleo” y que uno de los componentes inmediatos será “un crédito tributario al empleo para pymes”.
En materia laboral, la iniciativa incluirá incentivos para la contratación de trabajadores de menores ingresos en riesgo de caer en la informalidad. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó en Tele13 Radio que las empresas tendrán un incentivo de “hasta un 15% de devolución del salario que se paga vía un crédito en el pago previsional mensual (PPM) o pago de IVA”.
Antes de la presentación formal, el Presidente realizará gestiones para alinear a la derecha. Según el Ejecutivo, el mandatario cenará en Cerro Castillo con dirigentes y parlamentarios de Republicanos, Chile Vamos y Demócratas, y el miércoles tomará desayuno con representantes del Partido Nacional Libertario. El objetivo, explican en Palacio, es “evitar descuelgues en el oficialismo” y ordenar la tramitación política del proyecto.
Desde la vereda opositora circuló “una minuta elaborada por centros de estudios del sector” que busca fijar un marco crítico para la conversación pública: “Este es un gobierno para los privilegiados, que ayuda a los ricos y perjudica a la gente común. La necesaria discusión técnica del debate parlamentario no debe opacar este marco de conversación para la ciudadanía”, dice el documento. Los partidos de oposición, añaden fuentes internas, intentan articular mínimos tácticos para conectar con las demandas ciudadanas tras el alza de las bencinas.
