El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó este viernes los visados de tres funcionarios chilenos vinculados al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en una medida que Washington atribuye a actividades relacionadas con un proyecto de cable submarino en cooperación con China.
Según el anuncio oficial, las restricciones afectan al ministro Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya San Martín; y al jefe de gabinete, Guillermo Petersen. El Departamento de Estado aseguró que las sanciones buscan “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”.
En su comunicado, la administración estadounidense afirmó que esos funcionarios, “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”. Añadió que “estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”.
Las motivaciones de la sanción, según las explicaciones publicadas, estarían vinculadas al avance de un proyecto para instalar un cable submarino que conectaría la costa chilena con Hong Kong, en colaboración con empresas o entidades de China.
El Presidente Gabriel Boric, desde Rapa Nui, respondió al anuncio y afirmó: “Chile es y será autónomo en las decisiones que tome”. Boric sostuvo además que “como jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país”.
El mandatario informó que el canciller Alberto van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, “para pedirle explicaciones de esta medida unilateral, arbitraria y sorpresiva que, desde nuestro punto de vista no tiene ninguna justificación”. Boric además declaró: “No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto de las decisiones soberanas que se tomen en Chile”.
La decisión de EE. UU. ha generado una reacción diplomática inmediata del Gobierno, que solicitó aclaraciones a la embajada estadounidense en Santiago. La medida afecta directamente a los funcionarios implicados y sus familias y abre un nuevo capítulo en la disputa política y diplomática sobre la infraestructura de telecomunicaciones y la relación de Chile con actores internacionales.
