El legado del Gobierno de Gabriel Boric frente al estallido social incluye 418 pensiones de gracia por un total de $6.200.564.577 desembolsados hasta septiembre de 2025, 12 indultos presidenciales y el compromiso de devolver la estatua de Baquedano a Plaza Italia, medidas que han generado cuestionamientos en el Congreso y en la opinión pública sobre su tramitación y control.
La Tesorería General de la República registró 418 pensiones de gracia vinculadas al 18-O; de ellas, 270 fueron otorgadas durante el mandato de Gabriel Boric y 148 en gobiernos anteriores. Según los registros, hasta 2024 se revocaron 28 beneficios y la Contraloría advirtió que 58 beneficiarios tenían antecedentes previos al 18-O y que faltaban antecedentes médicos en al menos 10 casos.
El caso de Juan Francisco Villalobos Prado —quien estuvo un año y medio prófugo por estafa— marcó el debate: su pensión fue cuestionada por diputados y, finalmente, la causa fue cerrada en enero de 2025 “a petición de la fiscalía” y con el desistimiento de la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), según los antecedentes públicos.
En materia de indultos, el Gobierno otorgó 12 perdones en diciembre de 2022 a personas denominadas como “presos de la revuelta”. Uno de los indultados más conocidos, Luis Castillo Opazo, volvió a ser condenado: en abril de 2024 el Juzgado de Garantía de Copiapó lo sentenció a cuatro años de cárcel por un robo frustrado con violencia y otros delitos cometidos en diciembre de 2023.
Sobre la memoria pública y los símbolos, en junio de 2025 la vocera subrogante Aisén Etcheverry informó que la estatua del general Manuel Baquedano, retirada en marzo de 2021 tras reiteradas vandalizaciones, “volvería a su histórico sitio” como parte de la remodelación del eje Alameda‑Providencia. El propio Presidente Boric había planteado en su cuenta pública el levantamiento de un monumento a Gabriela Mistral en ese espacio.
En atención a víctimas, el Ejecutivo impulsó el Programa de Acompañamiento y Cuidados a Personas Víctimas de Trauma Ocular, Lesiones Graves y Lesiones por Proyectiles (Pacto). Organizaciones sociales han señalado que el programa está subutilizado; informes citados indican que, a cinco años del 18‑O, solo 58 víctimas estaban adscritas y que más de 80 personas mantienen perdigones en el cuerpo. En el reciente aniversario, la senadora Fabiola Campillai sostuvo que “no se ha hecho ni la mitad de lo que se tenía que hacer”.
Las declaraciones del propio Presidente Boric sobre el estallido han oscilado. En el primer aniversario, el 18 de octubre de 2022, dijo que “se hicieron muchas cosas excesivas”. En su cuenta pública de junio de 2025 afirmó que “hubo episodios de violencia inaceptable” que “no pueden ser justificados, como la quema del Metro”, y añadió que aquello “fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad”.
La respuesta de la oposición y de sectores del Congreso no se hizo esperar. El hoy senador electo Andrés Longton anunció que, ante la falta de respuesta del gobierno a oficios parlamentarios, entregarán los antecedentes al presidente electo para que “revoque todas y cada una de las pensiones de gracia mal otorgadas a falsas víctimas del estallido social, que le están costando miles de millones de pesos a todos los chilenos”, dijo Longton.
El balance deja preguntas abiertas sobre control administrativo y políticas de reparación: la Contraloría detectó fallas en la entrega de antecedentes, hay formalizaciones por presunto fraude en la obtención de beneficios y críticas respecto a la ejecución de programas de atención a víctimas. A la vez, decisiones simbólicas como el retorno de la estatua de Baquedano forman parte del legado de gestión en materia de convivencia urbana y memoria.
