El Gobierno informó este viernes del primer Informe de la Inspección Total al Estado, elaborado por el órgano auditor estatal, que detectó ocho alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales y que ya se encuentra en revisión por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.
El documento, elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y presentado en la segunda sesión del comité, se construyó con datos levantados por más de mil auditores internos, según detalló el Ejecutivo. En el encuentro también participó el Presidente José Antonio Kast junto a la Red de Auditoría Interna del Estado.
“Se han identificado situaciones que, desde una perspectiva técnica, constituyen señales de alerta para ser investigadas y que actualmente se encuentran en proceso de validación y análisis”, indicaron desde el Ejecutivo.
Las ocho alertas reportadas por el informe son:
1. Transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al recibir los recursos.
2. Patrones de contratación que podrían indicar fragmentación de compra, como más de 65 mil adquisiciones mediante la modalidad de “Compra Ágil” donde al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces en un día.
3. Más de mil contratos suscritos entre julio de 2025 y febrero de 2026 que implicarían compromisos fiscales de mediano y largo plazo.
4. Incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses de 2025.
5. Más de mil convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos, que superarían los 50 millones de dólares.
6. Cerca de 100 mil trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de mil casos con extensión de más de un año.
7. Reparticiones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior.
8. Asignación de recursos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.
La Subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del comité, Constanza Castillo, aclaró el alcance de las alertas: “Dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”.
Castillo añadió que la investigación responde al compromiso del Ejecutivo con la fiscalización de gasto público: “Este es un hecho inédito. En tiempo récord, estamos cumpliendo con el compromiso del Gobierno del Presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos de todos los chilenos. Lo estamos haciendo con las capacidades que hoy tenemos disponibles, gracias al trabajo y compromiso de más de mil auditores internos, para decirle con claridad a la ciudadanía cómo se gastó cada peso público”, complementó.
Los hallazgos ahora pasarán por procesos de validación y análisis técnico que podrán derivar en revisiones en profundidad e investigaciones administrativas o fiscales, según informó el Ejecutivo. La fiscalización de estas alertas será clave para determinar eventuales responsabilidades y el destino de los recursos públicos, con impacto directo en la gestión del Gobierno y la transparencia estatal.
Sigue la cobertura política en portalnacional.cl.
