El repunte del precio del cobre abre una ventana de ingresos extraordinarios para el próximo Gobierno de José Antonio Kast, pero también tensiona la aplicación de la regla fiscal y la discusión sobre el destino de esos recursos en la política presupuestaria nacional.
El metal alcanzó US$12.306 por tonelada (US$5,58 la libra) en la Bolsa de Metales de Londres y acumula un avance cercano al 36% en el año, según datos citados por Ex-Ante. El promedio en lo que va del año se sitúa en US$4,50 por libra y desde noviembre el precio se mantiene por sobre los US$5 por libra.
Economistas y analistas atribuyen el alza a factores estructurales de demanda —como la electromovilidad, las energías renovables, la modernización de redes y el crecimiento de infraestructura digital— y a restricciones de oferta por menores leyes minerales, retrasos en proyectos y problemas operativos en minas clave. Un informe del Bank of America advierte que dificultades en Escondida, Grasberg y Kamoa Kakula limitarían la producción el próximo año.
En el plano fiscal, la Dirección de Presupuestos señala que cada centavo de dólar adicional en el precio promedio del cobre representa ingresos extras para el Fisco —aproximadamente US$17 millones por centavo vía Codelco y US$10 millones por centavo desde grandes mineras privadas—, aunque en el mercado se manejan estimaciones mayores. Bajo este escenario, el próximo gobierno podría enfrentar ingresos extraordinarios entre US$2.500 y US$4.000 millones.
Sobre las proyecciones oficiales, la economista de Libertad y Desarrollo (LyD) Macarena García sostuvo que “actualmente la proyección de la Dipres para el precio del cobre efectivo del 2026 es de US$4,35 (Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre), por lo que de mantenerse elevado y alcanzar un promedio de US$5 en el 2026 le generaría en torno a US$2.300 millones de ingresos adicionales. Si alcanzara un promedio de US$5,5, entonces obtendría en torno a US$4.000 millones de ingresos adicionales”.
García agregó que la regla fiscal chilena obliga a basar el gasto en un precio de largo plazo —estimado en US$4,38 por libra— por lo que “todo ingreso adicional que se genere con el mayor precio efectivo del cobre servirá para financiar el gasto que ya está aprobado y que es coherente con el precio de largo plazo, el cual no se modifica a lo largo de todo el año, generando menos requerimientos de deuda”.
Desde otra vereda, el economista Juan Andrés Fontaine advirtió sobre el uso de los recursos. “Sería un error garrafal destinar esos recursos a más gasto público. El gasto debe frenarse según lo comprometido. Esos fondos nos vienen ‘como anillo al dedo’ para reponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FESS). Contar con esa caja es vital para realizar una política fiscal anticíclica: es decir, tener ahorros para poder gastar cuando las condiciones empeoren sin tener que recurrir a endeudamiento costoso o autorizaciones políticas complejas”, dijo Fontaine.
Además, expertos destacan cómo factores externos afectan la dinámica del mercado: la amenaza de aranceles de Estados Unidos impulsó envíos anticipados al mercado estadounidense, reduciendo disponibilidad en otros destinos y elevando precios, mientras que China mantiene una participación cercana al 50% del consumo mundial aunque su demanda se ha moderado.
La discusión política en torno a estos recursos se concentra en cómo el próximo gobierno administrará los ingresos bajo la regla fiscal y en las decisiones sobre ahorro versus gasto. En el corto plazo, los indicadores a seguir serán las nuevas proyecciones de la Dipres y del Banco Central —que recientemente elevó en 40 centavos la proyección del precio del cobre para 2026, desde US$4,30 a US$4,70 por libra— y las señales que entregue el Ejecutivo sobre el uso de excedentes.
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