A semanas de que la actual administración deje La Moneda, la oposición puso sobre la mesa la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras un informe que revela un mayor déficit fiscal estructural al previsto.
El último Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos indicó que el déficit fiscal estructural llegó a 3,55% del PIB, mientras que la Ley de Presupuestos 2025 se había comprometido a alcanzar un déficit de 1,1%. A raíz de esto, partidos de oposición confirmaron que evalúan presentar un libelo acusatorio contra el titular de Hacienda.
Partidos como la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano y Demócratas manifestaron su intención de analizar la vía de la acusación constitucional. Desde el Partido Republicano, la secretaria general Ruth Hurtado afirmó que “se configuran varias causales para que el ministro sea acusado”, y añadió que existe un “notable abandono de deberes”.
El jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que “tenemos argumentos suficientes para que la acusación constitucional del ministro Grau prospere. Aquí ha habido una negligencia técnica gravísima en la administración financiera del Estado, pero también ha habido una responsabilidad política, por aumentar los gastos mucho más allá de lo que se puede cubrir”.
En tanto, el Partido Radical planteó críticas al proceso y aconsejó cautela. El diputado Rubén Oyarzo señaló que “hoy enfrentamos un déficit fiscal serio que exige correcciones urgentes y un manejo responsable de las finanzas públicas, pero transformar este debate en una acusación constitucional como show político es equivocar el camino”. Asimismo, agregó que “las acusaciones no pueden usarse como espectáculos ni para ganar titulares, Chile necesita soluciones concretas, acuerdos responsables y responsabilidad fiscal”.
Desde la vereda del oficialismo rechazaron la intención de la derecha de recurrir a la acusación constitucional. El diputado socialista Daniel Manouchehri afirmó en X que “si existiera realmente la emergencia que la derecha describe, estarían trabajando en soluciones, no en acusaciones” y añadió: “Esto confirma que la ’emergencia’ es solo retórica para empujar una agenda de desprotección social”. La diputada del Frente Amplio Lorena Fries también consideró que se trata de un ejemplo de “política obstruccionista”, aunque reconoció el incumplimiento de la regla fiscal y defendió que Chile “llegó a su peak en materia de inversiones, también respecto a la baja de la deuda pública en relación con otros años”, además de sostener que “la regla fiscal no es un dogma, sino que algo que hay que tener en cuenta y ponderarlo con las necesidades de la población”.
La vocera del Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “están en su legítimo derecho los parlamentarios, está dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo; otra cosa es que tenga mérito”, y afirmó que “aquí hubo una gestión responsable”.
Fuentes parlamentarias recuerdan además que esta sería la tercera vez que el gobierno incumple la regla fiscal, circunstancia que alimenta el debate político sobre responsabilidad administrativa y política en la gestión económica.
Los partidos que han anunciado su evaluación deberán decidir si formalizan el libelo acusatorio y, en tal caso, cómo canalizan la iniciativa en el Congreso. Se espera que la discusión política y parlamentaria sobre la eventual acusación constitucional continúe en los próximos días y determine si el tema avanza a tramitación.
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