El ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió la expropiación de 100 de las 215 hectáreas de la denominada toma de San Antonio, medida solicitada por el Serviu para iniciar un proyecto de urbanización en el terreno. Montes afirmó que los habitantes deberán aportar el equivalente al valor del terreno y que el Estado pagará a los propietarios cerca de $11 mil millones.
En conversación con Tele13 Radio, Montes dijo que el gobierno buscó evitar un desalojo forzoso: “Dijimos siempre ‘hasta el último día tenemos que intentar que no haya desalojo'”. Añadió que en el asentamiento viven “tres mil niños” y que la situación, por su cercanía a zonas de veraneo y al tránsito de fruta hacia la costa, podía generar “una situación humana muy compleja”.
Sobre las condiciones del acuerdo, el ministro explicó: “Una de las condiciones era que ellos tenían que pagar el equivalente al valor del terreno (…) y el ministerio tenía que expropiar el terreno e iniciar un proyecto de urbanización con el aporte de los vecinos y los subsidios normales”.
Montes defendió además el uso de la expropiación como herramienta pública: “La expropiación se hace por un fin público, no solo para un grupo específico. Lo hacemos a cada rato, nosotros hacemos expropiaciones permanentemente porque es parte de las facultades. Y el gobierno del Presidente Piñera hizo muchas más expropiaciones de las que nosotros hemos hecho, porque es parte de las facultades”.
La decisión recibió críticas desde la derecha. El candidato presidencial José Antonio Kast cuestionó el anuncio y sostuvo que, si ya existiera un fallo judicial que ordenara el desalojo, “el Gobierno debería haber aplicado eso”, y calificó la maniobra como “una mala manera de ejercer Gobierno”.
Según la propuesta anunciada, el aporte de los vecinos complementará los subsidios estatales para la urbanización, mientras que el pago a los dueños del predio rondaría los $11 mil millones.
