El Gobierno desestimó la auditoría externa internacional anunciada en campaña y optó por una revisión interna del uso de recursos fiscales, decisión que según reportes se explicó por la “estrechez fiscal” y que ahora será conducida por un comité ministerial que debe recabar antecedentes en plazos acotados.
La medida, que había sido prometida por el equipo del Presidente José Antonio Kast durante la campaña, fue descartada por falta de recursos, informó La Tercera. En lugar de contratar firmas internacionales, el Ejecutivo inició el viernes 20 de marzo una fiscalización interna sobre el manejo de fondos públicos.
La orden quedó establecida en la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia que, según el Gobierno, tiene como objetivo “conducir y agilizar el proceso de inspección interna para generar un informe claro de la situación actual del Estado”.
El comité está presidido por la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, e integrado por los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez; y el representante del Gabinete Presidencial, Francisco Riveros.
Castillo subrayó la instrucción presidencial y defendió la rapidez del proceso: “Estamos trabajando con rapidez y con transparencia de cara a la ciudadanía”, aseguró.
Como primer paso operativo, los servicios públicos fueron requeridos para remitir, en un plazo de 17 días, información sobre el uso de recursos fiscales correspondiente a 2025 y hasta el 11 de marzo de 2026. Esa documentación será la base de la inspección que impulsa el comité.
En campaña, el programa del Gobierno había planteado la realización de auditorías exhaustivas al Estado, la publicación íntegra de los resultados, la creación de comités de seguimiento y la revisión de contrataciones públicas recientes. Con la decisión actual, el Ejecutivo reemplaza la contratación internacional por un mecanismo interno de fiscalización cuyo alcance y profundidad serán observados por la oposición y por órganos fiscalizadores.
