El Gobierno confirmó que investiga la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago y anunció medidas administrativas y operativas mientras sigue sin conocerse el paradero de los internos, en un hecho que puso en debate supervisión y seguridad penitenciaria.
Gendarmería informó la remoción del Director General Metropolitano, coronel Héctor Labrín, y la desvinculación del alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno del CDP Santiago Sur tras el escape.
Los dos internos fueron identificados como Juan Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, y Tomás González Quezada, conocido como “Pelao”. Flores Valenzuela ingresó a la unidad en noviembre de 2024 tras ser condenado a presidio perpetuo por un femicidio ocurrido en abril de 2021. González Quezada había sido internado en febrero de 2024 por una condena de 16 años por actos anarquistas. Hasta ahora su paradero se desconoce.
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó el episodio como de alta preparación y coordinación tras revisar las grabaciones. “Ayer a las dos de la mañana estuve revisando durante horas el video donde claramente se ven los preparativos de estas personas para poder evadirse, lo que demuestra un grado de preparación y coordinación que es inaudito, salieron por delante de la Penitenciaría”, dijo Muñoz.
Sobre posibles deficiencias en la infraestructura o dotación, el subsecretario afirmó que no se trata de un problema estructural. “No hay un problema ni de infraestructura ni de personal, la dotación es suficiente para ejercer el control efectivo de la población penal”, declaró Ernesto Muñoz.
Muñoz también advirtió sobre la posibilidad de colaboración interna y el uso de indumentaria identificable. “Los internos tuvieron demasiado tiempo para preparar su huida, no podemos descartar que haya existido un tipo de colaboración desde el interior. De hecho, salieron caracterizados con lo que parece ser uniformes de la institución. Eso es materia de investigación”, sostuvo.
En cuanto a cambios institucionales, el subsecretario planteó la aspiración del Ejecutivo de modificar la supervisión del sistema penitenciario. “Esperamos que la próxima semana tengamos una reforma constitucional aprobada que cambie la supervisión al ministerio de Seguridad Pública”, expresó Muñoz.
Sobre la respuesta inmediata del Gobierno, Muñoz señaló que se aplicarán sanciones y medidas de intervención en la unidad afectada. “Las sanciones administrativas ejercen la responsabilidad legal, son extremadamente importantes… Nos corresponde hacer valer las responsabilidades, intervenir esta unidad penal y que la investigación siga su curso. Mañana vamos a anunciar otras medidas”, afirmó.
Las autoridades mantienen la búsqueda de los fugados y avanzan en la investigación interna para determinar responsabilidades y posibles fallas en los procedimientos. La situación reaviva el debate sobre la supervisión institucional de Gendarmería y la seguridad en recintos penitenciarios.
