La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que exista un plan para regularizar a los migrantes empadronados antes del cambio de administración y afirmó que estos procesos requieren meses y consenso político, un escenario que excede el plazo hasta el 11 de marzo.
La declaración de Vallejo se produjo luego de que la exministra del Interior Carolina Tohá planteara la necesidad de regularizar a las 180 mil personas empadronadas. Sobre ese punto, Vallejo sostuvo que “el esfuerzo de empadronamiento fue un ejercicio de transparencia muy importante que se hizo desde el Estado porque hasta la fecha esas 180 mil personas, antes de que nosotros llegáramos, no sabíamos quiénes eran”, dijo la vocera.
En relación con la posibilidad de avanzar con una regularización antes del traspaso de mando, Vallejo advirtió que “distinto a eso son los procesos de regularización que son procesos más largos que incluso abarcan meses y que requieren un esfuerzo de Estado de gran envergadura y una conversación política y un consenso político mayor. Sobre todo pensando en que nuestra administración llega hasta el 11 de marzo y luego viene otro gobierno”.
Además, la ministra vocera remarcó que “cuando hablamos de procesos de regularización que abarcan meses, esta es una conversación que no puede ser solo resuelta por un gobierno. Tiene que trascender o al menos abarcar en este caso a dos administraciones” y afirmó que “no hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo porque son procesos que no pueden resolverse en tres o cuatro semanas”.
La postura del futuro Gobierno también se manifestó en los últimos días. Claudio Alvarado, quien será ministro del Interior por la próxima administración (UDI), señaló que “regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno”. En ese mismo sentido añadió que “sería de muy mal gusto a un mes del término del gobierno tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el gobierno actual”.
La discusión entre la actual administración y la oposición sobre la regularización se centra, según las partes, en los plazos, el alcance de las medidas y la necesidad de consenso institucional. Para el Gobierno, cualquier iniciativa de este tipo exige “un esfuerzo de Estado de gran envergadura”, mientras que desde la futura gestión se advierte sobre el impacto político y administrativo de decisiones de última hora.
