El juez Guillermo Rodríguez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el jueves 19 de marzo el ingreso del exfiscal regional Manuel Guerra al anexo Capitán Yáber, tras formalizarlo por los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto, en un caso que involucra comunicaciones informales entre el Ministerio Público y asesores vinculados al gobierno.
La formalización fue presentada el 9 de marzo por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien imputó a Guerra por 15 hechos que, según la acusación, configuran un sistema de intercambio de favores entre el exfiscal y el abogado Luis Hermosilla.
Entre las imputaciones figuran, según la resolución judicial:
– El cierre del caso Penta mediante un procedimiento abreviado a favor de los controladores del grupo, en vez de su envío a juicio.
– La tramitación del caso Exalmar-Dominga y la solicitud de una reunión con el entonces Presidente Sebastián Piñera para transmitirle información reservada relacionada con el estallido social.
– Comunicaciones y filtraciones de decisiones procesales en causas como la que afectó al senador Manuel José Ossandón, cuya causa terminó con un sobreseimiento en 2022.
– Gestiones para obtener cargos y beneficios: solicitudes para ser nombrado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), intentar incorporarse al estudio jurídico Hermosilla–Chadwick y gestionar su contratación en la Universidad San Sebastián, la que se concretó en 2021.
El juez fundamentó la medida y la gravedad de las imputaciones en elementos que, a su juicio, evidencian un patrón. Rodríguez planteó que las conductas denunciadas constituyen “la materialización concreta de un acuerdo ilícito” y destacó “5 años de comunicaciones sistemáticas por canales informales; la correlación temporal entre infracciones más graves y las primeras solicitudes de beneficios; autoconciencia del imputado sobre la lógica del intercambio, expresado en sus propios chats y obtención efectiva de un beneficio laboral concreto al abandonar el cargo”.
Sobre el riesgo que implicaba mantener la libertad del exfiscal, la resolución sostiene que su situación procesal y la naturaleza de los hechos configuran un “peligro para la seguridad de la sociedad”, motivo por el cual se decretó la prisión preventiva en el anexo.
En la audiencia, Manuel Guerra declaró que “no he cometido ninguno de los delitos que el día de hoy se me ha atribuido”.
El tribunal también señaló el efecto institucional de las conductas imputadas: “El mensaje que el conjunto de conductas envía a la ciudadanía es que la persecución penal no es igual para todos; que quien tiene acceso al fiscal regional puede incidir en el resultado de la investigación”, señaló el fallo, que además describió el esquema investigado como un conjunto de “lealtades desviadas” articuladas por un canal de comunicación permanente y un beneficio final.
El caso continuará su tramitación en el sistema judicial, con las próximas audiencias y diligencias que determine el tribunal y la Fiscalía. La resolución de este proceso tendrá implicancias para la confianza ciudadana en el Ministerio Público y la percepción sobre la independencia de las investigaciones.
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