El Gobierno encargó encuestas y focus groups tras la polémica por los indultos de diciembre de 2022, cuyos resultados muestran una amplia percepción negativa y cuestionamientos sobre el manejo político de la medida.
La Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda contrató en enero de 2023 sondeos y análisis privados para medir la reacción ciudadana luego de que el entonces Presidente Gabriel Boric anunciara los indultos a 13 personas. Los estudios, dados a conocer vía Ley de Transparencia, dan cuenta de fuerte rechazo y de una evaluación crítica del proceso por parte de distintos segmentos sociales.
Entre el 6 y el 10 de enero de 2023, la encuestadora FASES Broker Intelligence aplicó un panel online a 1.175 personas. El sondeo registró que un 88% “supo del indulto” y entregó los siguientes porcentajes sobre la percepción de la facultad presidencial: 33,5% “muy en desacuerdo”, 21,9% “en desacuerdo”, 18,9% “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 16,9% “de acuerdo” y 8,8% “muy de acuerdo”. Al preguntar específicamente por el “Acuerdo con el indulto del Presidente Boric”, un 40,1% respondió “muy en desacuerdo”, 15,6% “en desacuerdo”, 17,3% “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 16,2% “de acuerdo” y 10,7% “muy de acuerdo”.
Paralelamente, entre el 19 y el 20 de enero de 2023, DataVoz (grupo StatCom) realizó cuatro focus groups que identificaron a los indultos como una de las “referencias negativas (o de insuficiencia)” del primer año de Gobierno, junto a temas como el aumento del sueldo mínimo y cambios en la prueba PAES. El informe de esos encuentros consigna que “se reconoce como prerrogativa del Presidente pero se cuestiona criterios para dejar en libertad”.
Encuentros posteriores, entre el 1 y 2 de febrero y entre el 22 y 23 de febrero de 2023, profundizaron en la percepción poblacional. En esos grupos se describió a los indultos como uno de los “shocks internos asociados a decisiones”, con mayor repercusión en los grupos socioeconómicos C2 y C3 y en personas de 18 a 39 años. En otro foco, participantes de los estratos D-E y del tramo 18 a 34 años manifestaron que el gobierno mostró más “soberbia” que “humildad” frente a las críticas, según recoge el informe.
La controversia pública se originó el 30 de diciembre de 2022, cuando Boric defendió la medida: “fue una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, un compromiso, yo cumplo mis compromisos. Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria, creo que tenemos que sanar estas heridas. Estos son jóvenes que no son delincuentes”, dijo el entonces Presidente esa jornada.
En enero de 2023, en entrevista con CNN Chile, Boric sostuvo que “es un compromiso que yo tenía y no me arrepiento de los indultos. Sí, creo que hubo una desprolijidad inaceptable en el proceso de indultos donde se incluyó a una persona que no debió haber estado incluida, que es el caso de Luis Castillo, y por eso asumieron la responsabilidad política que les correspondía”, en referencia al episodio que derivó en la renuncia de la ministra de Justicia Marcela Ríos y del jefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía.
El caso de Luis Castillo Opazo, incluido en los indultos, fue citado en los informes: tenía condenas previas a 18-O y, tras recibir el beneficio, volvió a ser detenido y cumple una pena de cuatro años por delitos cometidos en 2023. Además, la nota recoge que existen “graves informes de Gendarmería” acerca de la conducta de seis de los 13 indultados.
En tanto, el Presidente José Antonio Kast afirmó recientemente, en entrevista con las radios de Archi, que hará uso de la facultad del indulto y que impulsará cambios en la institución. “Es razonable que esto sea un órgano colegiado. El indulto como institución, más allá de que hay que hacerle, a mi juicio, un cambio en la manera de quiénes otorgan el indulto, siempre tiene que ser una posibilidad que exista”, dijo Kast. Añadió que “hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar. Y estamos haciendo una revisión de distintas situaciones que ocurrieron, sin entrar a discutir una sentencia judicial, porque son poderes independientes. El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez”.
Los documentos y resultados revelados por la Secom muestran cómo la crisis por los indultos impactó la gestión comunicacional del Gobierno y la percepción ciudadana sobre su primer año de mandato. El tema vuelve a la agenda política ante el anuncio de Kast de promover modificaciones a la normativa del indulto, lo que podría generar debates en el Congreso y en la opinión pública sobre el rol y los criterios para otorgar ese beneficio.
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